El estante del juez socrático

El sistema jurídico peruano es un típico sistema del civil law, pues, nos guste o no, la principal fuente del derecho es la ley. Sin embargo, a partir de la distinción entre disposición y norma, la actividad de los jueces no se constriñe más a la mera solución de casos concretos, pues al decidir dichos casos los jueces interpretan los textos normativos, y al hacerlo crean normas que pueden convertirse en parámetros para la solución de casos semejantes. En ese contexto, cada juez tiene el deber de seguir sus decisiones anteriores, ya que solo así se realizará el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. En sistemas como el nuestro, hemos estado acostumbrados a convivir con una diversidad de respuestas para una misma pregunta. Situación que no podemos mantener en pie tras el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica. Así, nuestra vieja noción de jurisprudencia no parece ser adecuada para asegurar que frente a casos similares respondamos...

Umberto Eco decía que “las redes sociales han generado una invasión de imbéciles que le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios.” Resulta así que “el drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad.” En efecto, las redes sociales han propiciado el surgimiento de una generación que siempre tiene algo que decir. Así, si alguien fue a comprar el pan y camino a la panadería tropezó con una bolsa de basura que dejó tirado la noche anterior, cogerá el celular y gritará a viva voz su molestia con las autoridades que no hacen bien su trabajo, indignada escribirá un post acusándolos de dejar tirada la basura, probablemente ganará mucho “likes”, y personas igual de indignadas comentaran el post solidarizándose con ella, insultando y agraviando a quienes no recogier...

Como dice T ARUFFO, “ la uniformidad debe ser considerada como un fin que debería ser tendencialmente obtenido por todo sistema jurídico y encuentra diversas justificaciones que van desde la necesaria igualdad de trato a todos los ciudadanos con ocasión a la resolución de casos iguales (o mejor: de casos similares) hasta la conveniencia de que las decisiones judiciales sean previsibles (también en la esperanza de que ello reduzca el número de conflictos), pasando por la necesidad de garantizar la certeza del derecho a través de la continuidad de las orientaciones interpretativas.” [1] El afán por alcanzar la uniformidad nos ha impulsado a mirar más allá del sistema jurídico nacional, buscando en lugares extraños a nuestra tradición una institución que nos dé la posibilidad de tener decisiones judiciales previsibles. Así, hemos llegando a ver al precedente judicial como el remedio más apropiado para curar uno de los males de nuestro sistema justicia: la falta de previsibilidad. ...