lunes, 19 de junio de 2017

“Conversando con Karl Loewenstein sobre el constitucionalismo y la Constitución”

La Constitución, decía LOEWENSTEIN, está destinada a limitar el ejercicio del poder político, erigiéndose de este modo como el dispositivo fundamental para el control del poder.

Así, la calificación de un Estado como democrático dependía de la existencia o carencia de instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder político estaba distribuido entre los detentadores del poder, y por medio de las cuales los detentadores del poder estaban sometidos al control de los destinatarios del poder, constituidos en detentadores supremos del poder.

En su “Teoría de la Constitución”, LOEWENSTEIN nos ofrece una visión tan fascinante de la Constitución, que quien se asoma a sus páginas no puede dejar de preguntarse cómo es que las ideas que allí se expresan fueron escritas hace muchos tiempo atrás, y a pesar de ello nos grafica brillantemente el quehacer constitucional de nuestros días.

Por ello, quién mejor que el propio LOEWENSTEIN para absolver algunas interrogantes sobre su postura acerca del Constitucionalismo y la Constitución. Así que, sin preámbulos iniciemos nuestra conversación[1]. 

Profesor, usted señala que en cualquier sociedad se encuentran ciertas convicciones que son comúnmente compartidas así como determinados patrones de conducta que, en su conjunto, constituyen su Constitución. ¿Podría profundizar al respecto?

 En efecto, “cada sociedad cualquiera que sea su estructura social, posee ciertas convicciones comúnmente compartidas y ciertas formas de conducta reconocidas que constituyen, en el sentido aristotélico de politeia, su constitución.” Lo que quiero decir es que, “consciente o inconscientemente, estas convicciones y formas de conducta constituyen representan los principios sobre los que se basa la relación entre los detentadores y destinatarios del poder.” Por ejemplo, “en las fases primitivas de la civilización política se equiparo el gobierno secular con los valores y las instituciones religiosas de la comunidad. El poder político fue ejercido por los dominadores actuando como representantes o encarnaciones del mundo sobrenatural, a los que libre y consuetudinariamente se sometían los destinatarios del poder.”

Entiendo, entonces ha sido a partir de la evolución de estas convicciones y forma de conductas comúnmente compartidas que se descubrió la forma del gobierno constitucional.

“Con el fin de la era mitológica, el hombre se descubrió así mismo como un individuo libre, y empezó a dudar de la legitimación mística del poder de sus dominadores políticos, exigiendo un fundamento racional de la obediencia debida a la autoridad política.” Así, mientras que los hebreos creyeron todavía que los límites del poder político se encontraban en la ley del Señor, sometiendo por igual a gobernantes y gobernados, es el mérito inmortal de los griegos haber procedido a la secularización y racionalización del proceso del poder. De esta manera fue descubierta la forma de gobierno constitucional”. 

No hay que olvidar que, “la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual,  moral o ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad existente”.

Esta necesidad de fijar controles sociales al poder político que ejercen los detentadores, tuvo en la separación de poderes y la Constitución su máxima realización.  

Partamos de una idea concreta: “Las limitaciones impuestas al nudo poder estarían aseguradas por el acuerdo de la sociedad estatal sobre ciertas reglas fijas reguladoras del proceso político.”

Con ello lo que pretendo afirmar, es que “se creyó que este objetivo sería alcanzado de mejor manera cuando el ejercicio del poder político estuviese distribuido entre diversos detentadores del poder, que estarían así obligados a una respectiva colaboración, en lugar de monopolizar el ejercicio del dominio un detentador único.”  Pues, “allí donde el poder está distribuido, el dominio está limitado y esta limitación trae consigo restricción y control. La totalidad de estos principios y normas fundamentales constituyen la constitución ontológica de la sociedad estatal”, que podrá estar o bien enraizada en las convicciones del pueblo, sin formalización expresa –constitución en sentido material- o bien podrá estar contenida en un documento escrito –constitución en sentido formal-.

De su respuesta puedo inferir que usted distingue a la constitución escrita de una constitución que no lo estaría; es decir que por un lado cabría hablar de un constitución material conformada por las convicciones de un pueblo, bien enraizadas y sin formalización expresa; y por el otro se encontraría la constitución formal, aquella contenida en un documento escrito. A partir de ello, ¿cuál sería el contenido material de la constitución?
  
Antes de responderte, permíteme dejar claro algo que no debe olvidarse. “En un sentido ontológico, se deberá considerar como el telos de toda constitución la creación de instituciones para limitar y controlar el poder político. En este sentido, cada constitución presenta una doble significación ideológica: liberar a los destinatarios del poder del control social absoluto de sus dominadores, y asignarles una legítima participación en el proceso del poder. Para alcanzar este propósito se tuvo que someter el ejercicio del poder político a de terminadas reglas y procedimientos que debían ser respetados por los detentadores del poder.” Justamente por ello, “desde un punto de vista histórico, por tanto, el constitucionalismo, en general el constitucionalismo moderno, es un producto de la ideología liberal".

Pues bien, “los siguientes elementos fundamentales están considerados como el mínimo irreducible de una autentica constitución: 1) La diferenciación de las diversas tareas estatales y su asignación a diferentes órganos estatales o detentadores del poder para evitar la concentración del poder en las manos de un único y autocrático detentador del poder; 2) Un mecanismo planeado que establezca la cooperación de los diversos de tentadores del poder; 3) Un mecanismo, planeado igualmente con anterioridad, para evitar los bloqueos respectivos entre los diferentes detentadores del poder autónomos, con la finalidad de evitar que uno de ellos, caso de no producirse la cooperación exigida por la constitución, resuelva el impasse por sus propios medios, esto es, sometiendo el proceso del poder a una dirección autocrática; 4) Un método, también establecido de antemano, para la adaptación pacifica del orden fundamental a las cambiantes condiciones sociales y políticas -el método racional de la reforma constitucional- para evitar el recurso a la ilegalidad, a la fuerza o a la revolución; 5) Finalmente, la ley fundamental debería contener un reconocimiento expreso de ciertas esferas de autodeterminación individual -los derechos individuales y libertades fundamentales-, y su protección frente a la intervención de uno o todos los detentadores del poder.”

Si la idea detrás de la Constitución es la limitación del poder, entonces se podría afirmar, sin temor a las objeciones, que solo habrá Estado de derecho -o como prefieren otros Estado constitucional de derecho-, cuando una comunidad política cuente con una Constitución normativa, esto es concebida como una norma jurídica.  

“El Estado actual es fundamentalmente un Estado constitucional. La abrumadora mayoría de todos los Estados en la actualidad posee una constitución escrita, esto es, ‘articulada’ en un documento determinado. Sólo cuando el proceso político está sometido a las normas de la constitución escrita, estará considerado como un Estado de derecho… una comunidad política será calificada como Estado de derecho cuando las normas establecidas por la constitución para el desarrollo del proceso político obliguen y liguen por igual tanto a los órganos estatales -detentadores del poder- como a los ciudadanos -destinatarios del poder.”

En nuestros días, muchos sistemas jurídicos de la tradición jurídica del civil law han erigido al juez como el guardián de la Constitución. Así resulta casi pacifico reconocer en ellos la potestad de enjuiciar la validez de las leyes a partir de su concordancia con las disposiciones constitucionales. Pero no sólo ello, sino que además se admite la posibilidad de que puedan poner en tela de juicio la constitucionalidad de las normas contenidas en la constitución escrita, es decir se admite que es posible que existan normas constitucionales inconstitucionales. En este contexto me parece muy interesante la noción de disposiciones intangibles que usted maneja. Nos podría hablar sobre dicho concepto.

Digamos que, “bastante más importancia ha adquirido recientemente las llamadas disposiciones intangibles de una constitución que tienen como fin librar radicalmente de cualquier modificación a determinadas normas constitucionales. Aquí hay que distinguir… dos situaciones de hecho: por una parte, medidas para proteger concretas instituciones constitucionales -intangibilidad articulada-, y por otra parte, aquellas que sirven para garantizar determinados valores fundamentales de la constitución que no deben estar necesariamente expresados en disposiciones o en instituciones concretas, sino que rigen como implícitos, inmanentes u inherentes a la constitución. En el primer caso, determinadas normas constitucionales se sustraen a cualquier enmienda por medio de una prohibición jurídico-constitucional, y, en el segundo caso, la prohibición de reforma se produce a partir del espíritu o telos de la constitución sin una proclamación expresa en una Proposición jurídica constitucional.”

El intento de una tipología de las disposiciones articuladas de intangibilidad podría intentarse de la siguiente manera: 1) la protección de la forma republicana de gobierno frente a la restauración monárquica; 2) la prohibición que se encuentra no pocas veces en Iberoamérica de reelegir al presidente tras uno o también tras dos periodos de mandato en el cargo presidencial; 3. La prohibición de modificar la forma democrática de gobierno; 4) las prohibiciones de modificar los derechos fundamentales; 5) la estructura federal, prohibición contenida en la Constitución federal americana; y ocasionalmente se encuentran 6) prohibiciones generales de efectuar reformas que contradigan el espíritu de la constitución.

En último lugar, profesor nos podría hablar sobre su clasificación ontológica de la constitución. 

El análisis ontológico de la Constitución “radica en la concordancia de las normas constitucionales con la realidad del proceso del poder. Su punto de partida es la tesis de que una constitución escrita no funciona por sí misma una vez que haya sido adoptada por el pueblo, sino que una constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica.” De acuerdo con esto, las constituciones podrán ser diferenciadas según su carácter normativo, nominal y semántico.

Ahora bien, “para que una constitución sea viva, debe ser por lo tanto, efectivamente vivida por destinatarios y detentadores del poder, necesitando un ambiente nacional favorable para su realización…  Para que una constitución sea viva, no es suficiente que sea válida en sentido jurídico. Para ser real y efectiva, la constitución tendrá que ser observada lealmente por lodos los interesados y tendrá que estar integrada en la saciedad estatal, y ésta en ella.” En otras palabras, “la constitución y la comunidad habrán tenido que pasar por una simbiosis. Solamente en este caso cabe hablar de una constitución normativa”.

Así, una constitución normativa es aquella cuyas “normas dominan el proceso político o, a la inversa, el proceso del poder se adapta a las normas de la constitución y se somete a ella. Para usar una expresión de la vida diaria: la constitución es como un traje que sienta bien y que se lleva realmente.”

De allí que, “el carácter normativo  de una constitución no debe ser tomado como un hecho dado y sobreentendido, sino que cada caso deberá ser confirmado por la práctica. Una constitución podrá ser jurídicamente válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas, la constitución carece de realidad existencial. En este caso sabe calificar a dicha constitución de nominal.” Lo que la noción de constitución nominal implica “es que los presupuestos sociales y económicos existentes… en el momento actual operan contra una concordancia absoluta entre las normas constitucionales y las exigencias del proceso del poder”.

En este sentido, “la función primaria de la constitución nominal es educativa; su objetivo es, en un futuro más o menos lejano, convertirse en una constitución normativa y determinar realmente la dinámica del proceso del poder en lugar de estar sometida  a ella.” En términos más sencillos, “el traje cuelga durante cierto tiempo en el armario y será puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido”. 

Finalmente, “hay casos -que desgraciadamente están incrementando, tanto en número como por la importancia de los Estados detectados-, en los cuales, si bien la constitución será plenamente aplicada, su realidad ontológica no es sino la formalización de la existente situación del poder político en beneficio exclusivo de los detentadores del poder fácticos, que disponen del aparato coactivo del Estado. Mientras la tarea original de la constitución escrita fue limitar la concentración del poder dando posibilidad a un libre juego de las fuerzas sociales de la comunidad dentro del cuadro constitucional, la dinámica social, bajo el tipo constitucional aquí analizado, tendrá restringida su libertad de acción y será encauzada en la forma deseada por los detentadores del poder. La conformación del poder está congelada en beneficio de los detentadores fácticos del poder independientemente de que éstos sean una persona individual (dictador), una junta, un comité, una asamblea o un partido. Este tipo se puede designar como constitución semántica. Si no hubiese en absoluto ninguna constitución formal, el desarrollo fáctico del proceso del poder no sería notablemente diferente. En lugar de servir a la limitación del poder, la constitución es aquí el instrumento para estabilizar, eternizar la intervención de los dominadores fácticos de la localización del poder político.” Nuevamente recurriendo a expresiones coloquiales: “el traje no es en absoluto un traje, sino un disfraz.”
 
Nuestra conversación podría comprender muchos otros temas, pues en cada página del libro la “Teoría de la Constitución” de Karl Loewenstein, el lector puede encontrar innumerables respuestas para las cuestiones que se suscitan en el quehacer político de los modernos estados constitucionales. Pero, no sólo eso sino que además puede encontrar en sus páginas un estímulo para la reflexión académica entorno a la Constitución, y sobre todo para efectuar una lectura crítica de aquellos textos que por años nos han pintado una parte muy sesgada del paisaje constitucional.

Como dice LOEWENSTEIN, la Constitución no puede salvar el abismo entre la pobreza y riqueza; no puede traer ni comida, ni casa, ni ropa, ni educación, ni descanso, es decir las necesidades esenciales de la vida. Sin embargo, si puede salvarnos del despotismo y la arbitrariedad, puede ser un instrumento para que el ejercicio del poder sea racional, y sobre todo para exigir del Estado actuaciones positivas en aras de facilitarnos el acceso al ejercicio de todos los derechos que se nos reconoce por nuestra condición de seres humanos.


[1] La presente conversación ficticia ha sido elaborada en base a: LOEWENSTEIN, Karl. “Teoría de la constitución”, traducción de Alfredo Gallego Anabitarte, Segunda Edición, Editorial ARIEL, Barcelona, 1976.   

jueves, 8 de junio de 2017

LA RESPONSABILIDAD VICARIA

Cuando un acto o comportamiento es contrario al derecho se habla de responsabilidad del autor del comportamiento, expresión genérica que alude a dos posibles efectos. Por un lado, el que consiste en la aplicación de medidas represivas, como la pena en el derecho  penal. Mientras que, el otro consiste en la determinación del deber de resarcimiento por el daño injustamente producido. Es decir la persona, individualmente considerada, responderá por los daños que causa su conducta, ya sea esta debida a una negligencia o sea el resultado de una actividad riesgosa. Empero, en determinadas ocasiones se ha de responder por el daño causado por el hecho de otra persona, con quien el “sujeto responsable” tiene una relación de parentesco, dependencia u otras similares.
Bonvicini clasifica los casos en que una persona responde de los daños causados por otra persona en:
1) Casos en los que es posible imputar el daño, con base en el criterio subjetivo de la culpa, tanto al sujeto responsable como a su causante direc
to. El evento dañoso se puede atribuir subjetivamente tanto al autor material del daño como a la persona que, aún sin existir autoría directa, ha contribuido a su producción al no impedirlo. Es decir, se trataría de una responsabilidad solidaria. El causante directo del daño respondería en virtud del artículo 1969, y el principal ex art. 1981.
2) Posibilidad de imputar subjetivamente el hecho dañoso al sujeto responsable pero no, en cambio, a su causante directo, que es incapaz de entender y de querer. En este caso, se responde por un hecho objetivamente ilícito, por que falta el presupuesto de la culpabilidad de su autor material. Pues, a no ser que el legislador lo establezca expresamente, el causante directo del daño no podría responder, debido a que es civilmente inimputable (véase artículos 1976 y 1977 del C.c.).
3) Posibilidad de imputar el acto dañoso, en base al criterio subjetivo de la culpa, únicamente a su causante directo. Es decir, se trata de un verdadero supuesto de responsabilidad vicaria (art. 1981 del C.c.).
El 14 de noviembre de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve un caso al que podemos denominar el caso “clínica vs. paciente”, la misma que estaba referida a la presunta responsabilidad solidaria de una conocida clínica del medio, junto con los médicos, por los daños irrogados a un paciente.
Pese a que, durante el proceso se acredito la inexistencia de una relación de dependencia entre la clínica y los médicos, los magistrados supremos confirmaron la sentencia recurrida en cuanto consideraba responsable solidario a la clínica, fundamentando su decisión en que:
“(…) La sentencia materia de casación reconoce que no hay esa relación de dependencia en el considerando vigésimo noveno, aún así sanciona a la recurrente (…).
(…) Examinada la denuncia anterior, se advierte que el artículo 1981 del Código Civil regula el supuesto de responsabilidad por daño del subordinado según el cual aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a la responsabilidad solidaria. 
(…) En tal sentido, conforme se aprecia de la sentencia recurrida la responsabilidad vicaria de la Clínica recurrente está debidamente acreditada por lo que debe acudir solidariamente en el pago del quantum indemnizatorio a favor del demandante, (…)”.
La casación hace alusión a la responsabilidad vicaria, es decir, al supuesto regulado en el artículo 1981 del Código Civil, que prescribe:
Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo en el cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”.
Interpretando esta norma la Corte Suprema de la República, mediante Casación Nº 2548-99, de fecha 07 de abril de 2000, ha señalado que:
“(…) El ámbito de la responsabilidad civil extracontractual se establece tras determinar la relación de causalidad adecuada existente entre el hecho y el daño producido, pero además alcanza a aquellos que tengan a otros bajo sus ordenes, siempre que el sujeto subordinado cause el daño en el ejercicio del cargo que desempeña o en cumplimiento de un servicio, convirtiéndose también en centro de imputación del resultado
“(…) El Artículo 1981 del Código Civil prevé la llamada responsabilidad vicaria, alternativa o substituta, que mas bien es un tipo de responsabilidad acumulativa que encuentra parte de su sustento en la culpa in eligiendo e in vigilando de parte del principal; este tipo de responsabilidad atañe sólo a quien sin ser autor directo del hecho , responde objetivamente por el daño producido por éste, en virtud de haber existido entre ambos una relación de dependencia, presupuesto que constituye una condición sin la cual no es posible establecer un nexo causal hipotético entre el resultado lesivo y el autor indirecto”.
Las contradicciones entre ambas resoluciones son evidentes, pues, en una se prescinde de la relación de dependencia o subordinación (“la clínica vs. el paciente”) y; en la otra se señala que esta es un presupuesto sin el cual no podría aplicarse la responsabilidad vicaria.
La perplejidad a la cual nos conducen estos “fallos”, es la razón que nos ha impulsado a desarrollar el presente trabajo. En él, pretendemos responder a las siguientes interrogantes: ¿Se puede responsabilizar a quien no tiene relación de dependencia o de subordinación con el autor directo de los daños? ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad vicaria? ¿En que casos no responderá el principal por los daños que causen sus dependientes? Y finalmente ¿Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva en sentido estricto? (HAGA CLIC PARA SEGUIR LEYENDO)

domingo, 4 de junio de 2017

Principio de dirección e impulso procesal en el Código Procesal Civil peruano

El paso del Estado legislativo al Estado constitucional ha acarreado una serie de alteraciones en lo concerniente a la comprensión del derecho. Cambios que nos han inducido a dejar de pensar el proceso solamente como un mero instrumento para la resolución de casos concretos (MITIDIERO, 2014: 51-52). 
 
El modelo jurídico-político del Estado constitucional, como dice PEÑA, puede ser definido a partir de tres factores determinantes: a) la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, b) la consagración del principio de legalidad como sometimiento efectivo a derecho de todos los poderes públicos y c) la funcionalización de todos los poderes del Estado a la garantía del disfrute de los derechos.
 
En fin, se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que uno de los rasgos más trascendente del Estado constitucional, está representado por el afán de limitar y controlar el poder. Pues, se entiende que, «cuando no hay control, no ocurre sólo que la Constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías, o que se haga difícil o ‘imposible’; ocurre, simplemente, que no hay Constitución» (ARAGÓN, 1987: 52). 
 
El Perú es un Estado Social y Democrático de Derecho (artículos 3° y 43° de la Constitución). Un modelo de Estado en el que, «los derechos del individuo no son excluyentes de los intereses de la sociedad, pues la realización de uno no puede ser sin el concurso del otro. Se trata, pues, de un tipo de Estado que procura la integración social y conciliar los legítimos intereses de la sociedad con los legítimos intereses de la persona, cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado» (STC N° 0048-2004-PI: Caso José Miguel Morales Dasso Vs. Congreso de la República).

No obstante, debemos hacer hincapié en que, la referencia al principio fundamental de la dignidad de la persona humana, trasluce los pilares que integran la concepción política de nuestro Estado: «como Estado libre no autoritario de Derecho, como Estado social en libertad y no paternalmente tutelado y como democracia en libertad y no democracia popular» (BENDA, 2001: 491).

Ciertamente, es dentro de este marco constitucional, en el que analizaremos los alcances de esta disposición normativa. Pues, el proceso no puede ser entendido al margen del régimen político diseñado en la Constitución (HAGA CLIC PARA SEGUIR LEYENDO).

Principio de vinculación y de formalidad en el código procesal civil peruano

Los seres humanos no siempre hemos solucionado nuestros conflictos a través de mecanismos pacíficos; muy por el contrario, en muchas ocasiones ha sido la fuerza el principal instrumento para repeler todo aquello que nos era adverso.

Con el surgimiento del Estado hemos pasado de un caos en el que prevalecía la ley del más fuerte a un orden jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto imparcial (juez), sustituyéndose de este modo la acción directa frente al adversario por la acción dirigida hacia el Estado, a fin de que órganos especialmente instituidos para ello acogieran o actuaran las pretensiones deducidas por un sujeto frente a otro. Es decir, los hombres entendimos que solo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y el reconocimiento de los derechos, podíamos asegurar el imperio de la justicia.

Bajo este contexto, el proceso emerge como el sustituto civilizado de la autotutela, pues se erige como un instrumento al servicio de nuestros derechos. Por ello, como dice ARIANO, «el proceso es aquel medio que el Estado -en compensación por prohibirnos el hacernos justicia por mano propia-, nos ofrece para que por él y en él obtengamos, todo aquello y precisamente aquello que tenemos derecho a conseguir» (2003: 363-364).

Así, el proceso debe ser entendido como un instrumento capaz de dar protección a las situaciones carentes de tutela (MARINONI, 2007: 13).

De allí que, todo aquel que crea tener derecho a algo pueda acudir a un órgano jurisdiccional imparcial «que le atienda, verificando su razón, y, en su caso, haciendo efectivo el derecho» (GONZÁLEZ, 2001: 23). Ahora bien, el acceso a los órganos jurisdiccionales implica el ejercicio de un derecho: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, dice GONZÁLEZ, es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas (2001: 33).

Por ello el juez no puede olvidar, que «el proceso, sus teorías y su técnica, poseen dignidad y valor en función de la capacidad que tengan de propiciar la participación social, educar para el ejercicio y respeto a los derechos, garantizar las libertades y servir de canal para la participación democrática» (DINAMARCO, 2009: 11).

Es exactamente dentro de ese cuadro teórico que el presente comentario propondrá una lectura del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil en función a los fines del proceso civil en el Estado Constitucional (HAGA CLIC PARA CONTINUAR LEYENDO)

martes, 30 de mayo de 2017

La ética de los precedentes de Luiz Guilherme Marinoni

Leer al profesor brasileño Luiz Guilherme Marinoni en nuestros días, no sólo es una necesidad, sino que además es sumamente placentero, pues sus libros suelen ser escritos en un lenguaje claro y sencillo, el mismo que gracias a las buenas traducciones, no se deja extrañar en nuestro idioma. 

En sus libros Marinoni dialoga abiertamente con diversas ramas del derecho y con los distintos saberes del conocimiento humano. La ética de los precedentes es una buena muestra de esta forma de afrontar el estudio del derecho procesal.

Como dice el profesor Christian Delgado en la presentación del libro (Haga clic para leer), Ética de los precedentes nos muestra que el uso de la técnica del precedente apunta hacia la unidad y desarrollo del derecho, persiguiendo al mismo tiempo la igualdad en la aplicación de la ley.

Amigos, lean este gran libro.       

lunes, 29 de mayo de 2017

LA POSESIÓN EN EL SEGUNDO PLENO CASATORIO



Hace algunos años atrás la Corte Suprema llamó al Segundo Pleno Casatorio, el mismo que tras las deficiencias advertida en el Primer Pleno Castorio, debía de posicionar a la Corte Suprema como supremo intérprete de la ley, no porque formalmente lo sea, sino por la calidad de sus precedentes judiciales; sin embargo, nuevamente se volvió a incurrir en los mismos males del primero de los plenos y se dejó muchas cosas flotando en el aire.

El pleno se enmarcaba en los siguientes hechos:


Don Rafael Lluncor Castellanos en el año de 1943 entró en posesión del inmueble ubicado en la entonces calle María Izaga número 126, la que ahora se identifica con la numeración 769; ello debido a que la posesión del referido inmueble le fue entregado por María Eugenia Izaga de Pardo, quien a la fecha falleció, en arrendamiento. Desde aquel momento a la fecha mantiene la posesión de dicho bien conduciéndolo como propietario en forma continua, quieta, pacífica y de buena fe por más de cuarenta años.

Durante su posesión don Rafael ha realizado innovaciones en el predio a raíz de la ampliación de la calle María Izaga, teniendo en la actualidad un área total de 31.51 metros cuadrados. En aquél lugar nació Gladys Filomena Lluncor Moloche, una de las hijas de don Rafael.

Dada la antigüedad de su posesión don Rafael decide demandar la prescripción adquisitiva de dominio del citado inmueble, lo propio hace Gladys, pues recuerda que desde que ha nacido ha vivido en aquel lugar y dado el tiempo ya era oportuno el que formalizaran su posesión. 
 
Sentenciada la causa el a quo declara infundada la demanda al considerar que: 
 
“El ahora demandante reconoció que ocupaba el inmueble (...) como inquilino, precisando que ello ocurre desde hace cuarenta años. Siendo así, no concurre el requisito de poseer como dueño, toda vez que el demandante reconoció a un titular dador de la posesión.
 
De este modo, la demandante Gladys Filomena Lluncor Moloche en su condición de hija es en realidad una servidora de la posesión”.
 
No conforme con esta decisión, Gladys interpone recurso de apelación contra la referida sentencia, concedida esta fue elevada a la Primera Sala Civil de Lambayeque, Colegiado que declaró nula la sentencia respecto a la apelante, ello debido a que el a quo se había pronunciado por un punto que no era objeto de controversia; devuelto los autos al juzgado de origen el a quo declara infundada la demanda considerando esta vez que: 
 
“Quien tenía la condición de poseedor era don Rafael y no la demandante quien vivía en el inmueble en su condición de hija”.
 
Como era de esperarse, doña Gladys interpone recurso de apelación, resuelta la causa por la Primera Sala Civil de Lambayeque la sentencia es confirmada en todo sus extremos, acotando el Colegiado que: 
 
“El acto de posesión, como propietario, debe ser de manera exclusiva y con el carácter de excluyente, por lo que no puede concurrir en paralelo otro acto de posesión también como propietario del otro peticionante”. 
 
Posteriormente, la actora interpone recurso de casación contra la aludida resolución, la que resuelta por el Pleno de la Corte Suprema (mediante Cas. N° 2229-2008-Lambayeque) es declarada infundada, siendo sus fundamentos entre otros, los siguientes:
 
“De lo considerado se tiene que si bien es cierto que el señor Rafael Lluncor es poseedor del inmueble materia de litigio, también lo es que su posesión es en calidad de poseedor inmediato puesto que reconoce una posesión superior a la de él, al haber aceptado su condición de arrendatario del predio, como ya se indicó antes, razón por la cual no puede pretender usucapir al no haberse conducido como propietario del mismo, conforme emerge de la prohibición contenida en el artículo 912 del Código Civil. En síntesis, se colige que no estuvo gozando del derecho de habitación, sino que el inmueble le fue entregado en arrendamiento.
 
En cuanto a la hija, Gladys Lluncor Moloche, la misma no tiene calidad de poseedora, toda vez que viene ocupando el inmueble en virtud a la extensión del derecho de uso del que goza su señor padre, en mérito a lo dispuesto por el artículo 1028 del Código Civil, habida cuenta que por el arrendamiento se da en bien a favor del arrendatario, por lo que al margen de que si se vino pagando o no la renta por dicho contrato, la cuestión es que la señora Gladys Lluncor no viene poseyendo el inmueble como propietaria.
 
De acuerdo a lo señalado y viendo que ninguno de los accionantes (padre e hija) vienen conduciéndose como poseedores a título de propietarios del predio materia de litigio, no se da la figura del litisconsorte necesario (en ninguna de sus clases: propio o impropio), dado que el primero es poseedor inmediato a título de arrendatario y la segunda no es poseedora sino que se le extiende el derecho de uso del padre, en mérito a lo cual ocupa el inmueble”.
 
En el siguiente enlace podrán encontrar diversos comentarios sobre el Segundo Pleno Casatorio, los cuales abordan la temática del pleno desde diversas perspectivas: HAGA CLIC PARA LEER