sábado, 13 de septiembre de 2014

"CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”

Causalidad adecuada: ¿una teoría causal? o ¿una teoría de la imputación? 

 
Jim L. RAMIREZ FIGUEROA

la causalidad es una categoría fundamental de nuestro pensamiento… y no puede ser empleada sin hacer distinciones en todos los ámbitos de la vida, pero allí donde las apliquemos su significación será siempre la misma”: Karl Larenz[1].
 


SUMARIO: I. La sentencia. 1.1. El hecho. 1.2. El fallo. II. Comentario. 2.1. Premisa. 2.2. Enfoques sobre la causalidad: A) La teoría de la equivalencia (teoría de la condición). B) Teoría de la causa próxima. C) Teoría de la causa eficiente. D) Teoría de la causa adecuada. E) La causalidad probabilística. F) La teoría del propósito de la norma.- 2.3. Imputación objetiva. A) El estado de la cuestión en la doctrina penal. B) Aplicabilidad de los criterios de imputación objetiva del delito a la responsabilidad civil extracontractual. 2.4. ¿Es la autorización de un viaje de investigación causa adecuada del daño producido en un accidente de tránsito?- III. Notas conclusivas.


I. LA SENTENCIA[2].

1.1. El hecho.

El treinta y uno de junio del año dos mil, en circunstancias que Jimmy Ramos Salinas junto a otras personas retornaba del viaje de prácticas del curso de Especialidad Agropecuaria – Formación Magisterial del Instituto Superior Pedro F. Díaz de Arequipa, el vehículo que lo transportaba conducido por  Jimmy Flores Acosta se volcó; causándole graves lesiones con el diagnostico politraumatizado, amputación de miembro inferior derecho, fractura supracondilea de fémur izquierdo infectado con fijación externa.

El viaje de prácticas fue autorizado por el Director del Instituto Superior Pedro F. Díaz de Arequipa, nombrado mediante resolución administrativa por la Dirección Regional de Educación de Arequipa, mediante la Decreto Administrativo Nº 041-2000-DIS-PPD, en virtud de la cual designa como profesores responsables del viaje al ingeniero Guiulfo Beingolea Castillo y al profesor Augusto Sarmiento Vargas, siendo el último de los mencionados el encargado de celebrar el contrato de prestación de servicios para el transporte correspondiente.
      
En base a los hechos reseñados, Jimmy Ramos Salinas, interpone demanda de daños y perjuicios contra la Dirección Regional de Educación de Arequipa, el Instituto Superior Pedro F. Díaz de Arequipa, Fredy Murillo Romero (propietario del vehículo) y Jimmy Flores Acosta.

En primera instancia, el A quo declara parcialmente fundada la demanda y ordena a los demandados que paguen en forma solidaria, a favor del demandante la suma de trescientos mil nuevos soles; sentencia que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma.
   
1.2. La solución dogmática.

Recurrida en casación lo resuelto por los órganos jurisdiccionales antes mencionados, a través de la Cas. Nº 4299-2006 – Arequipa, publicada el tres de setiembre de dos mil siete, la corte suprema, entre otros, ha señalado lo siguiente: 

Sexto.- Que, en el presente caso existe responsabilidad por parte del chofer del vehículo, quien conducía el mismo, así como existe responsabilidad a cargo del propietario de dicho bien, conforme lo han determinado las instancias de mérito; no habiendo sido ello impugnado por las referidas partes justiciables.

Séptimo.- Que, respecto de la responsabilidad a cargo del Instituto Superior Pedro F. Díaz de Arequipa, se tiene que el señor Amancio Maraví Bravo Autorizó el referido viaje de practicas de curso de la Especialidad Agropecuaria – Formación Magisterial hacia el Centro de Frutales Experimentales del Valle de Urubamba – Cusco, (…).

Octavo.- Que, conforme se aprecia el director de la referida institución educativa, actuando a nombre de la misma, autorizó el viaje de practicas de curso de la Especialidad Agropecuaria – Formación Magisterial hacia el Valle del Urubamba – Cusco, generando con ello un riesgo respecto de todos los estudiantes del grupo de estudio, en particular del demandante, porque las citadas practicas debían realizarse en un lugar relativamente lejano, lo que conllevaba a su transporte en vehículo, debiendo atribuirse la responsabilidad objetiva por haber generado dicho riesgo, conforme al principio recogido en el artículo 1970º del Código Civil; máxime cuando dicha institución fue quien autorizó al profesor llevar adelante el viaje de estudios, para lo cual el citado docente celebró un contrato de prestación de servicios, sin haber exigido previamente las seguridades del caso; existiendo una relación de causalidad con el evento dañoso en relación al riesgo en comento; (…).

Décimo cuarto.- Que, (…), el nombramiento del director por parte de la Dirección Regional de Educación ha sido para efectos de su designación, pero no puede considerarse que hubiera existido una relación de dependencia funcional porque en el ejercicio de sus funciones la referida persona tiene la autonomía del caso, no habiéndose configurado en este sentido la relación de dependencia funcional exigida ni que el actuar a cargo del director que autorizó el viaje haya formado parte de una función  encomendada; por lo que en este sentido no existe responsabilidad a cargo de la Dirección Regional de Educación.

Décimo sexto.- Que, finalmente, no resulta amparable el citado recurso por la causal de interpretación errónea del artículo 1985º del Código Civil, toda vez que la existencia de relación de causalidad adecuada exigida por la norma acotada  está basada en la relación que debe existir entre la acción u omisión y el evento dañoso...” (El subrayado es nuestro).

II. COMENTARIO
 
2.1. Premisa.

La situación jurídica subjetiva viene a ser la “situación, o posición, en la cual se encuentra un sujeto, por efecto de la aplicación de una o mas reglas de derecho”[3]. Cuya situación o posición “no puede sino responder a una determinada valoración del ordenamiento jurídico respecto de la primacía o la subordinación del interés que le sirve de presupuesto[4]”. Por ello, cuando la situación jurídica subjetiva refleja la supremacía de un interés respecto a otro, nos encontramos frente a una situación jurídica subjetiva de ventaja, mientras que si lo reflejado por la situación jurídica es la subordinación de un interés frente a otro, estaremos ante una situación jurídica subjetiva de desventaja[5].

Las situaciones jurídicas subjetivas pueden ser violadas por otros sujetos, produciendo daños a sus titulares, frente a ello el ordenamiento, nos ofrece un mecanismo para tutelar los derechos que emergen de las situaciones jurídicas por nosotros ocupadas. Este instrumento de tutela es la responsabilidad civil.
 
Por ello, se dice, que la responsabilidad civil viene a ser aquél “fenómeno que consiste en que el ordenamiento jurídico haga de cargo de una persona el deber de resarcimiento del daño ocasionado a otro, como consecuencia de la violación de una situación jurídica”[6]. Es decir, “las normas de responsabilidad civil garantizan,…, la integridad de las situaciones jurídicas, al determinar que los perjuicios causados de manera ilegítima sean asumidos y resarcidos por alguien”.
 
Sin embargo, producido la violación de las situaciones jurídicas, para poder demandar el resarcimiento, se requiere la concurrencia de determinados elementos para poder hacer efectivo dicha pretensión.

Uno de esos presupuestos es la existencia de un nexo de causalidad entre el daño y el comportamiento del sujeto a quien se imputa su producción.

            Pues, mediante el nexo causal individualizaremos al autor o los autores del daño, para luego imputarles la producción del mismo, a través de los criterios de imputación recogidos en el Código Civil.
                                                                                             
2.2. Enfoques sobre la causalidad:

“El concepto de causa y el estudio de la naturaleza de las relaciones causales son importantes para el derecho porque éste se encuentra, en no pocas ocasiones, con la necesidad de atribuir efectos causales a determinadas acciones, a sucesos producidos por acciones o incluso a hechos que no son el resultado de acciones (…)”[7]. Es decir, por ejemplo, ante la presencia de un daño surge la interrogante de saber ¿quién lo hizo?[8], cuya respuesta surgirá como consecuencia de la determinación de un nexo causal entre el comportamiento del sujeto a quien se pretende responsabilizar y el daño.

La causalidad “es una categoría fundamental de nuestro pensamiento[9]”, la misma que requiere de distinciones al momento de su aplicación en los diversos ámbitos de la vida; empero, “donde la apliquemos su significación será siempre la misma[10]”.

Lo que no significa que debemos contentarnos con tomarla en el sentido común, o como dice Carnelutti, que nos limitemos a una intuición empírica[11]”. Por ello, la doctrina, principalmente la penalista, ha elaborado diversas teorías a efectos de identificar la causa más relevante para los fines de la responsabilidad (penal - civil). 

Destacada la importancia de la causa en el derecho, y especialmente en la responsabilidad civil, debemos ahora preguntarnos ¿Qué es causa?

La causa, nos dice Orgaz, “es la suma de las condiciones positivas y negativas tomadas juntas, el total de las contingencias de toda naturaleza que, siendo realizados, hacen que siga el consiguiente,… [12]”. Por cuanto, señala el profesor argentino, “ningún suceso es la obra de una sola condición o antecedente: Siempre aquél es el resultado de numerosos factores o condiciones que, unidas y sólo en virtud de esta unión, la originan[13]”. Es decir, “el término ‘causa’, (…), indica el conjunto de los factores o fuerzas concurrentes, y el termino ‘condición’ señala cada uno de esos factores o fuerzas. (…)[14]

A) La teoría de la equivalencia (Teoría de la condición).

Para esta teoría causa viene a ser toda aquella condición que mentalmente no puede ser suprimida sin que desaparezca el resultado concreto; es decir, causa es la condición sine qua non del resultado (daño)”, esto es, aquella condición que de haber faltado el resultado no se habría producido.

Roxin nos dice que mediante esta teoría, por ejemplo, “si un automovilista que conduce bebido no puede dominar su vehículo e invade el otro lado de la calzada, donde se produce un choque con otro coche que venía de frente, el haber consumido alcohol es causal respecto de ese accidente; pues si se lo suprime mentalmente, el conductor del coche hubiera continuado por el lado correcto de la calzada y no hubiera tenido lugar el accidente[15]”. Pero también, añade Roxin, según esta misma formula, son causa la fabricación de ambos coches, el hecho de quienes hayan motivado a la conducción de ambos vehículos, así como un cúmulo de ulteriores circunstancias que hayan influido en el suceso (p. ej. la construcción de la calzada, la invención del motor, etc.).       

Por lo que en virtud de esta teoría, si las diversas causas concurrentes han contribuido al resultado, todas han de ser generadoras de responsabilidad[16]. Inversamente, nos dice Puig Brutau, “la conducta del demandado no podrá ser causa del daño si este se hubiese producido igualmente sin ella. Es decir, una conducta ha de quedar excluida si no ha sido necesaria para la producción del daño”[17].

Finalmente, como advierte Roxin, debe tenerse en cuenta que, con esta teoría “no se realiza ninguna selección entre las innumerables condiciones de cualquier resultado, sino que por el contrario se considera equivalentes (o sea de igual valor) todas las condiciones, y a ese juicio de equivalencia le debe su nombre…[18]”. Y ello responde al hecho de que mediante esta teoría se acoge un concepto causal de naturaleza prejurídica, propia de la filosofía y las ciencias naturales.

B) Teoría de la causa próxima.

     La teoría de la causa próxima entiende que, las diversas condiciones, será causa jurídicamente relevante, aquella que haya tenido una eficacia determinante en la producción del resultado [el daño]. Es decir, que “de entre las diversas condiciones necesarias de un resultado, se llama ‘causa’ solamente a la que, con criterio temporal, se halla más próxima a ese resultado, las demás son simples ‘condiciones’”[19].

“Causa próxima”, como dice Prosser[20], “no significa más que el limite que los tribunales ponen a la responsabilidad del demandado por las consecuencias de su conducta”.

De ello se colige que, los códigos, que como el nuestro, han acogido la teoría de la “causa próxima” limitan el resarcimiento a los daños que sean consecuencia “inmediata y directa”, esto es, el daño directo que sea consecuencia necesaria del acto demandado[21].

Sin embargo, no debe olvidarse que “no siempre la condición última es la verdadera causante de un daño –en sentido jurídico- sino alguna anterior[22]”; v. gr. si una persona, dolosa o culposamente, cambia el remedio que debe suministrase a un enfermo por una sustancia tóxica y la enfermera, ignorando esta sustitución, se la da al enfermo y éste muere, causante o autor de la muerte no es, por cierto, la enfermera –que puso la condición más próxima- sino aquella otra persona que realizó el cambio[23].

Asimismo, como precisa Orgaz, “tampoco es fácil siempre establecer cuál es la condición última en todos aquellos casos en que las distintas condiciones no se presentan en fila y claramente, sino de manera compleja, simultanea o confusa[24]”.

Esta teoría ha sido recogida en nuestro C.c., en su artículo 1321 segundo párrafo al señalar: “(…) El resarcimiento por la inejecución de la obligación por su cumplimiento parcial tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, (…)”.

Al respecto autorizada doctrina nacional ha señalado que esta teoría “presenta problemas porque tiende a echar una cortina de humo que hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño[25]”.

Asimismo, se ha sugerido[26] que, “a partir de la interpretación que la doctrina italiana ha dado de su artículo 1223 que reza “el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”; en el sentido de que, esta fórmula se refiere a la “determinación del daño” y no a la inmediatez de la causa. Y que, una cosa es emplear la causalidad con el fin de imputar un hecho aun sujeto, en el concurso de otros factores, como la culpa, el dolo, la preposición (de un tercero), el ejercicio de una actividad riesgosa,… [Aquí se debe responder a la pregunta ¿Quién ha sido?] Y otra cosa es emplear la causalidad para estimar el daño patrimonial, [Aquí se debe responder a la pregunta ¿cuánto debe pagar el responsable?]. Una situación similar estaría ocurriendo con el artículo 1321 del C.c. peruano. Por ello, quienes afirman que nuestro código contempla, en lo referente a la inejecución de obligaciones la teoría de la causa próxima, confunden las funciones o facetas de la causalidad: La relación de causalidad (causalidad de hecho) y la determinación del quantum resarcitorio (causalidad jurídica). Para finalmente, proponer una interpretación del segundo párrafo del artículo 1321 del C.c. que más allá de su literalidad, se entienda que no regula el aspecto de la relación de causalidad, sino el límite del quantum resarcitorio (causalidad jurídica), (…)”[27].

Sintetizando la propuesta reseñada, el artículo 1321 del C.c. no recoge una teoría causal, sino los limites para determinar el quantum resarcitorio[28].

Empero, no puede negarse que esta teoría “influyo en nuestro Derecho y todavía está terminología se mantiene en el campo contractual…[29]”.

C) Teoría de la causa preponderante (eficiente)

Las condiciones necesarias para la producción de un resultado, nos dicen los seguidores de esta teoría, no son todas equivalentes, por lo que será causa, sólo aquella “que rompe el equilibrio entre los factores conducentes a la producción del daño y los factores adversos a ella”[30].

Orgaz[31] explica que para algunos, a partir de un criterio cuantitativo, se llama causa a la condición de mayor fuerza productiva, y otros, con criterio cualitativo, distinguen entre las condiciones según la mayor o menor eficacia interna en el proceso causal.

            De aquí que, como aseveran De Trazegnies y Orgaz, entre ésta teoría y la teoría de la causa próxima existe cierta afinidad, por lo que suscita objeciones análogas al análisis de la proximidad.

D) Teoría de la causa adecuada.

            La teoría de la causalidad adecuada fue expuesta por primera vez por Von Kries, en 1888, quien sostenía que solo son causas de un daño, los hechos que normalmente deben producirlos, de tal manera que si por circunstancias excepcionales un determinado hecho produce un daño que normalmente no hubiera sido capaz de originar, aun cuando conforme a la ley de causalidad, ese hecho si fue causante del daño, jurídicamente no debe reputarse como tal[32]. Por cuanto, “causa es la condición que ordinariamente produce el resultado…[33]”.
      
            Y es que, como dice Larenz, para la teoría de la causalidad adecuada, “únicamente pueden ser tenidos en cuenta aquellas consecuencias, no completamente extrañas, que según la experiencia pueden ser consideradas como posibles de semejante hecho”. Esto es, “no basta que un hecho sea condición de un resultado, pues, no todas las condiciones se dan en igual medida”[34].

            Ahora bien, como determinaremos si una causa es adecuada o no. A través de un análisis ¿ex ante? o ¿ex post?, ¿desde el punto de vista del autor o de un tercero?

            “Una acción es “adecuada”, cuando ha sido apropiada para la producción del resultado obtenido en circunstancias normales y no sólo en circunstancias especialmente peculiares, (…), que han de quedar fuera de toda consideración según el curso normal de los casos”[35]. De aquí que, “una consecuencia no adecuada al acaecimiento base de la responsabilidad no puede ser imputadas al obligado a indemnizar, y, por lo tanto, no ha de ser tenida en cuenta al indagar la extensión del daño indemnizable”[36].

            Como señala Roxin el juicio de adecuación es efectuada desde un plano objetivo-posterior; ello quiere decir, que “el Juez debe colocarse posteriormente (o sea en el proceso) en el punto de vista de un observador objetivo que juzgue antes del hecho y disponga de los conocimientos de un hombre inteligente del correspondiente sector del tráfico y además del saber especial del autor[37]”.
     
            En este sentido, nos dice Siniscalco[38], “el procedimiento para individualizar la adecuación se vale de un juicio ex ante: se remonta al momento de la acción y se juzga como si el evento debiese aún producirse”. Pues, se “asocia el juicio causal con una consideración ex ante de la probabilidad con la cual un hecho antecedente podía producir, de manera efectiva, las consecuencias dañosas verificadas[39]”.
     
            Por consiguiente, para esta teoría, no hay causalidad del caso singular. Debido a que, la idoneidad del hecho para la producción del daño se determina mediante un juicio de previsiblidad objetiva basada en la experiencia general y en el aumento de la probabilidad de producción de daño.

            Consecuentemente, al responsable del hecho sólo le pueden ser imputados y tenidas en cuenta en la determinación del daño aquellas consecuencias adecuadas al hecho generador de la responsabilidad.

E) La causalidad probabilística.

“El fundamento de la causalidad probabilística, reside en desplazar la carga probatoria del nexo causal al demandado como agente dañante, frente a casos excepcionales en los cuales la victima se encuentra en imposibilidad de probar el nexo causal. La determinación del quantum resarcitorio se puede dar (se entiende, en casos de la pluralidad de agentes dañantes), de manera solidaria, si es que no hay un criterio que permita delimitar la responsabilidad de cada uno, individualmente considerada, o (en caso de productos defectuosos) sobre la base del market share (la cuota del mercado), ello en la medida de establecer una correspondencia entre la circulación que se hizo del producto defectuoso y la probabilidad de haber ocasionado el daño[40]”.

La causalidad probabilística, dice Bullard, “no solo implica cambiar la idea de nexo causal, sino también la idea de daño[41]”.

“Daño no es la producción del accidente sino el incremento probabilístico de que se dé un daño cierto por efecto del desarrollo de una determinada actividad[42]”.

Partiendo de la idea de considerar al daño como un incremento estadístico de las probabilidades de sufrir un daño por el desarrollo de una determinada actividad, “la teoría de la causalidad probabilística pretende darnos elementos que nos permitan realizar un análisis ex ante al daño para determinar la responsabilidad”.

Sin embargo, como señala Bullard, “quizás decir que lo que realmente cambia no es tanto la idea de causalidad como la propia idea de daño[43]”.
 
F) La teoría del propósito de la norma
    
            Para esta teoría el nexo causal se ubica entre el hecho y aquellas consecuencias dañosas comprendidas dentro del ámbito de protección de la norma[44].

            “Según esta teoría, el ordenamiento jurídico atribuirá protección a quien la norma protege[45]”. Pues, como dice Bessone[46], en virtud de esta teoría el dañador responde solamente de las consecuencias lesivas de los intereses comprendidas en el ámbito de protección de la norma que protege el interés lesionado.

            De lo reseñado sobre esta teoría, se colige que la misma no sirve para identificar una relación de causalidad entre un hecho y un resultado, y ni siquiera para “seleccionar los daños extraños a la responsabilidad del autor del daño, porque quien lesiona un derecho tiene el deber de resarcir todo el perjuicio directo que consigue, aunque el interés perjudicado no entre en el contenido del derecho[47]”.

2.3. Imputación objetiva:

            La teoría de la adecuación, nos dice Roxin, nos es como señalaban sus seguidores una teoría causal, sino una teoría de la imputación. Por cuanto mediante esta teoría no se establece cuando un hecho es causal respecto a un resultado, sino que “intenta dar respuesta a la pregunta de qué circunstancias causales son jurídicamente relevantes y le pueden ser imputadas al agente[48]”. Asimismo, refiere nuestro autor, que a través de esta teoría se enturbia el reconocimiento de que la causalidad y la imputación son pasos mentales construidos sucesivamente: “En primer lugar hay que verificar la existencia de un nexo condicional conforme a leyes, y en segundo término hay que examinar si ese nexo es típicamente relevante. Por eso la teoría de la adecuación tampoco es, contra lo que inicialmente entendían sus partidarios una alternativa a la teoría de la equivalencia, sino más bien su complemento[49]”. Sin embargo, añade Roxin, “la teoría de la adecuación es insuficiente incluso como teoría de la imputación si se considera que con la adecuación de un curso causal está solucionado el problema de imputación[50]”.

En la búsqueda una teoría de la imputación autónoma y subsiguiente al examen de causalidad, la doctrina penal ha desarrollado dos posturas al respecto: La sostenida por Claus Roxin y la sostenida por Günther Jakobs.

A) El estado de la cuestión en la doctrina penal.

            La relación de causalidad no es suficiente para derivar la responsabilidad penal. Ello por cuanto, “si bien todo juicio de responsabilidad supone necesariamente la existencia previa de una causalidad que no puede ser suplida por una teoría de la imputación, no toda relación causal conduce inevitablemente al reconocimiento de un reproche penal[51]”.

            Asimismo, se indica que, el dato empírico no es suficiente a efectos de imputar a un sujeto un determinado resultado, sino que es necesario una valoración jurídica para establecer si la relación causal es jurídico penalmente relevante de cara a los fines del derecho penal[52].

            La propuesta principal de esta teoría es que “una conducta sólo puede ser imputada cuando ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, que se concreta en la producción del resultado[53]”.

            En este sentido, Suárez y Cancio señalan que, mediante la teoría de la imputación objetiva se persigue el objetivo de fijar criterios normativos por los cuales un resultado es atribuible aun comportamiento.

            Para Roxin, “un resultado causado por el agente sólo se puede imputar (…) si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro se ha realizado en el resultado concreto[54]”. Empero, si el resultado no esta comprendido dentro de los peligros que la norma quiere evitar la imputación desaparecerá[55].

            Es decir, al autor de un comportamiento solo le será imputable un resultado, cuando este ha sido consecuencia de un peligro creado por su conducta, y dicho peligro sobrepase el riesgo permitido. Por lo demás, “el juicio de imputación dependerá además del alcance y fin de protección de la norma, pues podría presentarse el resultado como un derivado del peligro desaprobado creado por el autor, pero no ser objeto de la norma remover esos peligros[56]”.

            Por otro lado, si existen actos dirigidos a la disminución del riesgo ya existente para la victima, aun cuando se produzca un resultado dañino, este no le será imputable. De igual forma, “si el autor no ha disminuido el riesgo de lesión de un bien jurídico, pero tampoco lo ha aumentado de modo jurídicamente considerable[57]”, se le excluirá de la imputación del resultado.

            El mundo, dice Jakobs, “no está ordenado de manera cognitiva, con base en relaciones de causalidad, sino de manera normativa, con base en competencias, y el significado de cada comportamiento se rige por su contexto”[58]. Pues, la persona imputable es aquella portadora de un rol, por la cual es titular de un ámbito de organización con derechos y deberes.

            La imputación objetiva, dice Jakobs, ofrece el material que permite interpretar cuándo se ha defraudado de manera objetiva una expectativa social institucionalizada (la norma). Y esta defraudación se produce en virtud al quebrantamiento de un rol.

            Jakobs delimita su postura a través de las siguientes figuras:

            El riesgo permitido.
     
            “El uso moderno de instrumentos técnicos que comportan riesgos ha demostrado que un comportamiento que conlleve de modo cognoscible daños no necesariamente es un comportamiento que pueda ser imputado como culpable[59]”. Por cuanto, no forma parte del rol de cualquier ciudadano eliminar cualquier riesgo.

            El principio de confianza.
    
            Este principio “adquiere una especial relevancia en sociedades organizadas, en las que la división del trabajo libera al ciudadano competente de un control sobre las actuaciones de los demás[60]”. Ya que, cada ciudadano portador de un rol espera que los demás hagan lo suyo.

            Prohibición de regreso.
   
            La prohibición de regreso se da sobre aquellos comportamientos que “estereotipadamente inocuo no constituye participación en una organización no permitida[61]”.

            Es decir, un comportamiento irrelevante jurídicamente de un tercero es reorientado a efectos de imputársele un determinado resultado.

            A la prohibición de regreso, dice Caro, “le corresponde la explicación de quien, al administrar su ámbito de organización ha obrado imputablemente mediante la realización de un riesgo no permitido[62]”.

            Competencia de la victima.
   
            Por este principio, “debe tomarse en cuenta, con ocasión del acto y su imputación al autor, la contribución que hace la victima a la consumación del mismo[63]”.

            Sobre el particular, dice García, existen dos razones por las cuales las consecuencias de un hecho recaerán sobre la victima, ya sea por que nadie resulta competente, o porque la victima ha actuado a propio riesgo. Así, si la victima actúa a propio riesgo infringiendo sus deberes de autoprotección o realiza actos de propia voluntad el resultado lesivo quedará a su cargo[64].
   
B) Aplicabilidad de los criterios de imputación objetiva del delito a la responsabilidad civil extracontractual.

Entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil existen ciertos puntos de contacto; puntos que como dice Alpa “tienen que ver, principalmente, con la explicación del nexo causal[65]”.

De aquí que, no puede perderse de vista los avances logrados en la dogmática penal en los últimos años, respecto a los criterios de imputación del resultado (delito-daño); máxime si como, acertadamente, señalan Diez Picazo y Roxin en el terreno de la causalidad se sigue aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones, la misma que resulta ser la única teoría causal posible. Y ello es así, por cuanto a través de la causalidad adecuada no se dice cuando en hecho es causal respecto a un resultado.

Siendo así, debemos ahora preguntarnos, si ¿es factible o no aplicar los criterios de imputación desarrollados en el derecho penal a la responsabilidad civil extracontractual?
 
“La responsabilidad civil en general se halla conectada a la constatación de ciertos requisitos de operatividad, los que actuarían en un doble plano conjuntivamente necesario para que se verifiquen los efectos jurídicos correspondientes a la fattispecie de la responsabilidad en sus distintas facetas positivamente reconocidas (…). Los planos a los que nos referimos son el que denominamos plano material y el llamado plano de imputación. En lo concerniente al plano material éste supone hallar en la fattispecie concreta de responsabilidad tres elementos de orden material (…), hecho generador de responsabilidad, al daño y a la relación de causalidad que debe mediar entre los dos primeros[66]”. Ello quiere decir, que cuando hablamos de causalidad, tomamos al hecho desde un plano material, esto es tratamos de vincular un hecho como generador de un resultado (daño).

Por consiguiente; una cosa es la explicación natural del hecho que causo el daño (causalidad fáctica) y la decisión normativa que pone a cargo de un sujeto la responsabilidad por el daño causado (imputación objetiva).

Ahora bien, una vez producido un resultado, a través de la teoría de la equivalencia determinaremos aquella condición sine qua non del resultado (daño)”, esto es, aquella condición que de haber faltado el resultado no se habría producido. Para posteriormente, a través de los criterios de imputación objetiva determinar el hecho jurídicamente relevante, a efectos de imputar a su autor el (resultado) daño.

¿Qué criterios de imputación objetiva aplicaremos?

Como quedo dicho, la teoría de la causalidad adecuada no es una teoría de la causalidad, sino una teoría de la imputación; la misma que ha sido recogida por nuestro legislador en el artículo 1985º del C.c. Siendo por ello, de lege data el primer criterio de imputación a aplicar.

Por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza de la responsabilidad civil y las funciones que esta llamada a cumplir, de lege ferenda se podrán aplicar: el riesgo permitido o riesgo general de vida, la prohibición de regreso, el principio de confianza, ámbito de protección de la norma y competencia de la victima (la que aparentemente se encuentra regulado en el artículo 1972 del C.c.). Criterios a utilizar en aquellos supuestos en los que la adecuación, valga la redundancia, no resulte la adecuada para imputar un resultado (daño).

Finalmente, debemos anotar, que los criterios de imputación objetiva no requieren estar regulados para ser aplicados, toda vez que los mismos, constituyen criterios de interpretación de los comportamientos jurídicamente relevantes.
       
2.4. ¿Es la autorización de un viaje de investigación causa adecuada del daño producido en un accidente de tránsito?

Conforme al artículo 29º de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº  27181, la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causado por vehículos automotores, es de naturaleza objetiva. Es decir, el vehículo automotor es considerado una cosa riesgosa, la que al ser utilizada en el transporte, implica el desarrollo de una actividad peligrosa[67]. Asimismo, se establece que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por lo daños causados.

Siendo objetiva la responsabilidad por accidente de tránsito, no será necesario examinar la culpa del autor, pues, bastará con acreditar el daño causado, la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño producido mediante una cosa o actividad que supone un riesgo adicional al ordinario y común y que por ello mismo supone un riesgo adicional al riesgo socialmente permitido[68].

            Por lo que, en palabras de la Corte Suprema, “en el presente caso existe responsabilidad por parte del chofer del vehículo (…), así como existe responsabilidad a cargo del propietario de dicho bien”.

          Sin embargo, disentimos cuando se afirma que:

el director de la referida institución educativa, actuando a nombre de la misma, autorizó el viaje de practicas de curso de la Especialidad Agropecuaria – Formación Magisterial hacia el Valle del Urubamba – Cusco, generando con ello un riesgo respecto de todos los estudiantes del grupo de estudio, en particular del demandante, porque las citadas practicas debían realizarse en un lugar relativamente lejano, lo que conllevaba a su transporte en vehículo, debiendo atribuirse la responsabilidad objetiva por haber generado dicho riesgo, conforme al principio recogido en el artículo 1970º del Código Civil; máxime cuando dicha institución fue quien autorizó al profesor llevar adelante el viaje de estudios, para lo cual el citado docente celebró un contrato de prestación de servicios, sin haber exigido previamente las seguridades del caso; existiendo una relación de causalidad con el evento dañoso en relación al riesgo en comento“.

Si como dice la Corte Suprema existe “una relación de causalidad con el evento dañoso en relación al riesgo en comento” (el subrayado es nuestro); nos preguntamos ¿a través de que teoría se ha llegado a dicha conclusión?

Recordemos que los hechos materia de proceso fueron: que el 31 de junio del 2007, en circunstancias que Jimmy Ramos Salinas junto a otras personas retornaba del viaje de prácticas del curso de Especialidad Agropecuaria – Formación Magisterial del Instituto Superior Pedro F. Díaz de Arequipa, el vehículo que lo transportaba conducido por Jimmy Flores Acosta se volcó; causándole graves lesiones.

Disgregando los hechos tenemos que:

- El vehículo era conducido por Jimmy Flores Acosta;
-  La volcadura del vehículo, y
-  Las graves lesiones sufridas por Jimmy Ramos Salinas.

              Remontándonos a los anteriores sucesos se tiene lo siguiente:

-  El director del Instituto autorizó el viaje de practicas, y
-  El Director del Instituto fue nombrado por la Dirección Regional de Educación de Arequipa

Conforme a la teoría de la equivalencia constituirían causa de los daños irrogados a Jimmy Ramos Salinas: toda aquella condición que mentalmente no puede ser suprimida sin que desaparezca el daño; es decir, que Jimmy Flores Acosta, el director del Instituto y el Director Regional de Educación de Arequipa han causado dichos daños. Pues, si suprimimos, la designación del director éste nunca hubiera llegado a autorizar dicho viaje, y si hacemos lo mismo con la autorización del director del instituto el viaje no se hubiera realizado, consecuentemente los daños no se habrían producido.

Si como hemos señalado, inicialmente se aplica la teoría de la condición, ahora entonces, debemos excluir aquellos hechos que jurídicamente son irrelevantes a efectos de imputar objetivamente el daño.

Ahora bien, conforme al artículo 1985º del C.c., entre el hecho y el daño debe de existir una relación de causalidad adecuada.

Por consiguiente, a efectos de imputar objetivamente el daño al director del Instituto y al Director Regional de Educación de Arequipa, debe determinarse si sus hechos constituyen causa adecuada en la producción del daño.

Hemos dicho que, solo son causas de un daño, los hechos que normalmente deben producirlos; es decir, el hecho será adecuado cuando según el curso normal de los hechos, éste ha sido apropiado para la producción del resultado.

De aquí que, no puede afirmarse que la autorización aun viaje de prácticas sea causa adecuada del daño producido en el presente caso. Por cuanto, normalmente la autorización a un viaje no produce daño alguno; y ello es así, porque, como dice Pantaleón, no se pueden imputar resultados extraordinariamente improbables.

Por lo demás, no hay que olvidar que la responsabilidad objetiva, al igual que la subjetiva, pasa por tres filtros: causalidad de hecho, imputación objetiva (causalidad adecuada) y la imputabilidad (el ejercicio de una actividad riesgosa o la exposición al peligro)[69].

En este sentido, dicen Fernández y León[70], “la causalidad es siempre material y necesariamente se resuelve en forma previa a la utilización de los criterios de imputación. Con la causalidad se identifica al causante del daño; con la imputabilidad al responsable“.

Por lo expuesto, a nuestro modesto parecer, no debió de responsabilizarse al Instituto, pues, la autorización del viaje, respecto a los hechos materia de proceso, era jurídicamente irrelevante.

Inversamente, qué duda cabe, que la conducción del vehículo es causa adecuada de los daños causados al demandante.

Finalmente; cabe preguntarse si ¿Es la autorización de un viaje de investigación una actividad riesgosa?, definitivamente, no.
 
III. NOTAS CONCLUSIVAS.
 
Los orígenes de la imputación objetiva se remontan a Karl Larenz[71], quien a partir de su análisis metodológico del derecho civil, desarrolla la teoría de la imputación objetiva, llamándola de este modo para poner énfasis en que el tema de la imputación es independiente de la valoración moral del acto.

Para Larenz la imputación objetiva, “no es más que un intento de delimitar los hechos propios de los acontecimientos accidentales. Es decir afirmar que ese acontecimiento es su propia obra, dirigido por su voluntad y objetivamente previsible[72]”.

Posteriormente, la imputación objetiva ha sido desarrollada por la doctrina penal, y la sumaria descripción que hemos efectuado responde a los avances alcanzados por Claus Roxin y Günther Jakobs.
 
Por lo que, su aplicabilidad a la responsabilidad civil, no puede efectuarse en forma mecánica, pues, la responsabilidad penal persigue finalidades distintas dado la gravedad del reproche que se efectúa a través de las normas que la regulan.

Ello quiere decir, que siempre y en cuanto la aplicabilidad de dichos criterios no trastoque la naturaleza, ni las funciones que cumple la responsabilidad civil, se podrá acudir a ellos en aquellos casos donde la causalidad adecuada nos es la más idónea para imputar objetivamente el resultado (daño).  

En definitiva, siguiendo a Bullard[73], hay que destacar “que las soluciones no encuentran su valor por que satisfacen la inquietud intelectual del teórico, sino porque responden al llamado de la realidad, con prescindencia de los “muertos y heridos” que produzcan en el mundo de los conceptos jurídicos”.

Publicado en Dialogo con la Jurisprudencia, Año 16, Nº 149, febrero 2011; pp. 81-93.

NOTAS:





[1]Derecho de obligaciones, traducción y notas de Jaime Santos Briz, tomo I, Primera Edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, p. 199.
[2] Publicada en El Peruano el 3 de setiembre del dos mil siete. Véase el texto completo de la presente casación en Jus-Jurisprudencia, Nº 5, Lima, 2007, págs. 99-102.
[3] ZATTI Paolo, Situaciones jurídica: en Revista Jurídica del Perú, Año LV - Nro. 64 Setiembre – Octubre, 2005, D: \CDJurídica.html, pág. 1(documento electrónico).  
[4] ESCOBAR ROSAS Freddy, Algunas cuestiones fundamentales sobre el deber jurídico, en: Derecho-PUCP, Nro. 52 – Diciembre, 1998, pág.289.
[5] Véase ESCOBAR Freddy, Algunas cuestiones fundamentales sobre el deber jurídico, Op. Cit., pág.289-290. 
[6] LEÓN H, Leysser; Responsabilidad Extracontractual (Apuntes para una introducción al estudio del modelo jurídico peruano), en Responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas tendencias, Primera Edición, Normas Legales S.A.C., Trujillo, 2004, p. 6.
[7] Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción, Palestra Editores – Editorial Temis, Lima-Bogota, 2005; pág. 110. En el mismo sentido ROXIN, Claus; Derecho penal-Parte general, tomo I, traducción de la Segunda Edición alemana por Luzón Peña, Díaz y García, y Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 1997; pág. 346.
[8] En este sentido, mediante Cas. Nº 2926-02-Callao, la Corte Suprema ha indicado que:“(…) La verificación del daño producido en un bien mediante inspección o peritaje no será suficiente para la determinación de la responsabilidad del supuesto responsable, sino que deberá probarse además que existe una conexión de causalidad entre el daño ocasionado y el hecho imputado al presunto autor, ya que la simple comprobación del daño implicaría una valoración limitada al análisis de los efectos del daño, más no de la causa (...)”.
[9] Derecho de obligaciones, Op., Cit.; pág. 199. En el mismo sentido CARNELUTTI Francesco, Teoría general del derecho, Ara Editores, Lima, 2006, pág.241: “causa es un concepto no jurídico, que el jurista toma de prestado a una ciencia mas amplia que la suya…”.
[10] Ídem.
[11]CARNELUTTI Francesco, Teoría general del derecho, Op. Cit., pág.241 Ídem.
[12] ORGAZ; El daño resarcible, Tercera Edición, Editorial Lerner, Córdoba, 1980; págs. 61-64
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] ROXIN, Claus; Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 347-348.
[16] PUIG BRUTAU José, “Fundamentos del Derecho Civil”, Tomo II, Vol. III, 1ª edición, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1983, pág. 93.
[17]Fundamentos del Derecho Civil”, Op. Cit., pág. 94.
[18] Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 348
[19] ORGAZ; El daño resarcible, Op., Cit.; pág. 68.
[20] Cita de PUIG, Fundamentos de derecho civil; Op., Cit.; pág. 96.
[21] PUIG, Fundamentos de derecho civil; Op., Cit.; págs. 95-96.
[22] ORGAZ; El daño resarcible, Op., Cit.; pág. 69.
[23] El ejemplo es de ORGAZ.
[24] ORGAZ; El daño resarcible, Op., Cit.; pág. 69.
[25] DE TRAZEGNIES Fernando, Responsabilidad Extracontractual, Vol. IV-Tomo I, 7ª edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005; pág.312.
[26] ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil, Op., Cit.; pág.130.
[27] ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil, Op., Cit.; pág. 138.
[28] Otra postura crítica contra dicha teoría es la sostenida por FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón; Previsibilidad y responsabilidad contractual. Una posición crítica al código civil; Op., Cit.; pág. 4: manifiesta el profesor; “¿Cómo no reconocer entonces la vigencia del dogma de la previsiblidad contractual en el Código Civil peruano? ¿Cómo no dudar del reconocimiento por este código de su unidad histórica con el resarcimiento exclusivo de los daños inmediatos, entendidas como tales los temporalmente próximas al hecho generador del daño, en tanto las partes titulares de un interés especifico contractual, han previsto también específicos daños a dicho interés ?¿Cómo no aceptar, cuando menos que en el Código Civil peruano no pueda interpretarse la expresión “daños directos e inmediatos” como sinónima de todos los daños que se presenten como efecto normal del incumplimiento (como consecuencia lógica y necesaria) tal y como si es interpretado en Italia, el artículo 1223 de su Código Civil? Repárese que las consecuencias pueden y, de hecho son diversos: (…), excluir de la responsabilidad contractual el resarcimiento de los daños mediatos, por ejemplo, puede llevar a negar el resarcimiento de daños cerebrales presentados en un sujeto pasajero de ómnibus, que no llegó a destino por un accidente imputable a la temeridad del chofer de éste, daños que se le presenten años después del accidente como una tumoración formada progresivamente. Pese a que dichos daños son consecuencia lógica y necesaria del hecho que los produjo, no serán resarcibles por el mero hecho de presentarse alejados temporalmente de la causa que los originó, (…)”.
[29] DE TRAZEGNIES Fernando, Responsabilidad Extracontractual, Op. Cit., pág. 312. En el mismo sentido véase a PALACIOS MARTINEZ Eric, Algunas cuestiones sobre los denominados requisitos de operatividad de la responsabilidad civil (En particular de la responsabilidad extracontractual), en: Revista Peruana de Jurisprudencia, Nro. 64-Junio, 2006, Normas Legales; pág. 28.  
[30] BINDING citado por DE TRAZEGNIES Fernando, Responsabilidad Extracontractual, Op. Cit., pág. 313.
[31] El daño resarcible, Op., Cit.; pág. 70.
[32]BEJARANO SÁNCHEZ Manuel, “Obligaciones Civiles”, 3ª edición, Editorial Harla, México, 1984, Pág. 254.
[33] PUIG, Fundamentos de derecho civil; Op., Cit.; pág. 97.
[34] LARENZ, Derecho de obligaciones, Op., Cit.; pág. 200.
[35] LARENZ, Derecho de obligaciones, Op., Cit.; pág. 200.
[36] Ídem.
[37] Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 360.
[38] Citado por ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil, Op., Cit.; pág. 141.
[39] MONATERI Pier Giuseppe, “Responsabilità civile”, en Digesto delle Discipline Privatistiche, vol. XVIII, UTET, Turín, 1998, pp. 1-12; traducción del italiano de Leysser León en: Estudios de la responsabilidad civil; 1ª edición, Ara Editores, Lima, 2001, p. 132.
[40] ESPINOZA, Derecho de la responsabilidad civil, Op., Cit.; pág. 144.
[41] Véase: Causalidad probabilística: El problema de los costos administrativos en el diseño de un sistema de responsabilidad civil extracontractual”; en IUS ET VERITAS, revista editada por los estudiantes de la PUCP, Nº 3, Año II, págs. 3-12. ID: “Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales”; 1ª edición, Palestra Editores, Lima, 2003, págs. 525 y ss.
[42] BULLARD Alfredo, Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales, Op. Cit., pág. 533.
[43]Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales, Op. Cit., pág. 535.
[44] Véase MORALES HERVIAS Rómulo, “Estudios sobre Teoría General del Contrato”, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2006; Págs.660.
[45] Ídem.
[46] Cita de MORALES, La responsabilidad en la norma jurídica privatística; Op., Cit.; Págs.661.
[47] BIANCA citado por MORALES, La responsabilidad en la norma jurídica privatística; Op., Cit.; Págs.661.
[48] ROXIN, Derecho penal-Parte general, Op. Cit., pág. 360.
[49] ROXIN, Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 361.
[50] Ídem.
[51] REYES ALVARADO Yesid, Imputación objetiva, Editorial Temis, Bogota, 1994., pág. 38.
[52] VILLA STEIN Javier, Derecho penal-Parte general, segunda edición, Editorial San Marcos, Lima, 2001, pág.  242.
[53] RUDOLPHI citado por VILLA Javier, Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs.  241-242.
[54] Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 363.
[55] ROXIN, Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 364.
[56] VILLA Javier Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 245.
[57] ROXIN, Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 366.
[58] Imputación objetiva en derecho penal, traducción de Cancio Meliá, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 1995, pág. 9.
[59] JAKOBS Günther, El delito imprudente, en: Bases para una teoría penal funcional del derecho penal, traducción de Manuel Cancio Meliá, Palestra editores, Lima, 2000, pág.276.
[60] GARCIA CAVERO Percy, Derecho penal económico-Parte general, Ara Editores, Lima, 2003, pág.422.
[61] JAKOBS citado por VILLA Javier Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 250.
[62] Imputación objetiva en la participación delictiva, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2003, pág. 78.
[63] VILLA Javier Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 251.
[64] Véase GARCIA Percy, Derecho penal económico-Parte general, Op. Cit., pág.432-433.
[65]ALPA, Guido; “Nuevo tratado de la responsabilidad civil”; edición, traducción y notas de Leysser León, Primera Edición, Jurista Editores, Lima, 2006; pág.160.
[66] PALACIOS Eric, Algunas cuestiones sobre los denominados requisitos de operatividad de la responsabilidad civil (En particular de la responsabilidad extracontractual), Op. Cit., pág. 28.  
[67] RAMIREZ FIGUEROA Jim L; Entre la culpa y el riesgo. A propósito de la responsabilidad por accidente de tránsito, en Cuadernos jurisprudenciales suplemento mensual de Dialogo con la Jurisprudencia, Año 5, Nº 55, Enero 2006, Gaceta Jurídica, Lima, 2006; pág. 7.
[68] Ídem.

[69] Véase SALVADOR CORDECH Pablo y FERNÁNDEZ CRENDE Antonio; Causalidad y responsabilidad, en InDret, revista para el análisis del derecho; http://www.indret.com, Barcelona, enero, 2006; pág. 19 (documento PDF).
[70] Comentario al artículo 1970 del Código Civil, en: Código Civil Comentado por los cien mejores especialistas, Tomo X, 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2005; pág. 83.
[71] VILLA Javier Derecho penal-Parte general, Op. Cit., págs. 243.
[72] Ídem.
[73] BULLARD Alfredo, Derecho y economía. El análisis económico de las instituciones legales, Op. Cit., pág. 540.

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