viernes, 24 de febrero de 2012

“EL CONSTITUCIONALISMO DE NUESTRO TIEMPO”



(PUBLICADO EN: Gaceta Constitucional, Tomo 42, julio, 2011, pp. 265-272)


1. INTRODUCCIÓN

El que un Estado cualquiera sea considerado como un Estado constitucional, no depende de que en su Constitución se diga que lo es; sino que el Estado Constitucional es una prédica de aquellos estados donde se cumpla con las siguientes condiciones: Una constitución rígida, la garantía jurisdiccional de la Constitución, la fuerza vinculante de laConstitución, la sobreinterpretación de la Constitución, la aplicación directa de la normas constitucionales, la interpretación conforme de la leyes y la influencia de laConstitución sobre las relaciones políticas.

Algunas de las condiciones para la existencia del constitucionalismo son concurrentes en nuestro Estado, pues, tenemos una Constitución normativa (rígida), el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial son los encargados de garantizar jurisdiccionalmente la vigenciade la Constitución. En fin podríamos decir –que pese a todo- nuestro país se encamina, al menos en apariencia, a convertirse en un verdadero Estado Constitucional.

Ahora bien, nuestro Tribunal Constitucional se muestra partidario del neoconstitucionalismo, pues, Constitución en mano nos ha venido diciendo que es constitucional y que no les; asimismo, escudado en su labor de intérprete de la Constitución ha encontrado en dicha atribución el pretexto para legislar.

Por ello, en el presente trabajo de manera sucinta pretendemos analizar al neoconstitucionalismo: explicando su relación con el Estado Constitucional, sus implicancias ideológicas, su Constitución, así como su relación con la labor del legislador.

2. DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL.

Con el devenir de los años nuestras sociedades cambian de paradigmas, se dejan atrás los logros que tanto costaron a la humanidad y se abren las puertas a nuevos conceptos, a nuevos ideales, en fin a novísimos paradigmas: el Estado constitucional es precisamen te uno de esos paradigmas.

El Estado constitucional ha venido a despojar al Estado de derecho del sitial que ha venido ocupando, pues, como algunos sostienen el Estado Constitucional vendría a ser la evolución del Estado de derecho; mientras que para otros se tratarían de paradigmas totalmente distintos.

Empero, no nos quedemos endivagaciones y empecemos a desenredar la madeja.

“Con la expresión ‘Estado de Derecho’–dice Ferrajoli[1]- seentienden, habitualmente, en el uso corriente, dos cosas diferentes… En sentidolato, débil o formal, ‘Estado de Derecho’ designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos… En un segundo sentido, fuerte o sustancial, ‘Estado de Derecho’ designa, en cambio, sólo aquellosordenamientos en los que los poderes públicos están, además sujetos a la ley…, no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos”. Es decir, “son Estados de Derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes”.

Para Zagrebelsky[2] “el Estado de derecho indica un valor y alude sólo a una de las direcciones de desarrollo de la organización del Estado, pero no encierra en sí consecuenciasprecisas. El valor es la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos. La dirección es la inversión de la relación entre poder y derecho… no más rex facit legem, sino lex facit regem”.

Dado el carácter abierto de la expresión Estado de derecho se ha “podido llenarlo de contenidos diversos más o menos densos, manteniendo así continuamente su vitalidad”[3]. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho que el ‘Estado de Derecho’ ha representado uno de los pilares del
constitucionalismo liberal.

Ahora, en sus inicios el ‘Estado de Derecho’ expresaba un Estado de razón, el mismo que estaba orientado a la consecución del bienestar general. Posteriormente fue conceptuada desde una perspectiva formal, por lo que “el calificativo de Estado de derecho se había podido aplicar a cualquier situación en que se excluyese, en línea de principio, la eventual arbitrariedad pública y privada y se garantizase el respeto a la ley, cualquiera que ésta fuese”[4]; esto es, “todos los ‘Estados’, por cuanto situaciones dotadas de un orden jurídico habrían debido llamarse genéricamente de derecho”[5].

Empero, la noción más acertada de Estado de derecho, era aquella que se identificaba con el constitucionalismo liberal: el Estado de derecho legislativo.

En el Estado de derecho legislativo la ley se convierte en la garantía de los derechos, es decir, se vislumbraba una connotación sustancial. Ya que se había producido una inversión en la relación sociedad - Estado, el Estado de derecho giraba alrededor de las exigencias de la población y no de la autoridad del Estado[6].

Siguiendo a autorizada doctrina[7], podemos afirmar que el Estado de derecho legislativo se caracteriza(ó) por ver en la ley un acto deliberado del Poder Legislativo, dicha connotación se concretaba en:

- La supremacía de la ley sobre la Administración;
- La subordinación a la ley de los derechos individuales
- Jueces independientes en la aplicación de la ley, y solamente de la ley.

Por ello, como refiere Zagrebelsky[8],“el Estado de derecho asumía un significado que comprendía la representación electiva, los derechos de los ciudadanos y la separación de los poderes; un significado particularmente orientado a la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la Administración”.

En efecto, en el Estado liberal de derecho la autoridad del Estado esta condicionada a la libertad de los ciudadanos.

La ley se convierte en la fuente por excelencia del derecho, cuya fuerza estaba vinculada al legislador, quien únicamente estaba sometido al procedimiento establecido en la ley a la hora de legislar.

Para Joseph Aguiló[9] “el Estado de Derecho entendido como imperio de la ley o gobierno de las leyes implica una relación de sujeción pero sólo a la voluntad del soberano expresada en normas generales; y ello se traduce en un conjunto de derechos… destinados a erradicar la arbitrariedad en esa relación”.

En otra palabras, “el Estado de derecho es aquél en el que el poder actúa conforme a Derecho, o a la ley en sentido amplio, a normas jurídicas preconstituidas, y responde a la idea de gobierno sub leges y per leges: el gobierno de la ley frente al gobierno de los hombres”[10].

En este contexto, la función jurisdiccional fue relegada frente a las demás funciones del Estado, pues, ha sido el legislador el personaje principal en torno al cual ha girado el desarrollo del derecho. Así, el juez como personaje secundario no podía interpretar la ley, su labor se ceñía a la aplicación mecánica de la misma; pues era a través de él que se pronunciaban las palabras de la ley: “un juez boca de la ley”. V. gr. la Constitución Política del Perú de 1860, al igual que sus predecesoras adoptaba el modelo de Estado en el cual el poder se desmembraba en tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De este modo, en el inciso “1” de su artículo 59º se establecía como atribuciones del Congreso: “dar leyes, interpretar, modificar y derogarlas existentes”; es decir, se reservaba al Poder Legislativo la facultad para legislar e interpretar.

Razones por las cuales, se señala que la concepción del derecho propia del Estado de derecho era el positivismo jurídico[11].

Ahora bien, el Estado Constitucional o Estado Constitucional de derecho implica ante todo: el cambio en “las condiciones de validez de las leyes dependientes ya no solo de las formas de su producción sino también de la coherencia de sus contenidos con los principios constitucionales”[12]; asimismo, en el Estado constitucional el papel del juez sufre una importante alteración, ya que, aplicará “la ley sólo si es constitucionalmente válida”[13], pues, la interpretación y la aplicación que haga de la ley “son siempre,…, un juicio sobre la ley misma que el juez tiene el deber de censurar como inválida durante la denuncia de su inconstitucionalidad”[14]; finalmente, el Estado constitucional implica también que los derechos
consagrados en la constitución constituyen un límite impuesto a los poderes dela mayoría[15], los que ya no podrán verlos sólo como limites, sino que también deberán verlos como parte del contenido de sus actos[16].

Por ello, se sostiene que, el Estado constitucional “representa un fórmula del Estado de Derecho,…su más cabal realización, pues si la esencia del Estado de Derecho es el sometimiento del poder al Derecho, sólo cuando existe una verdadera Constitución ese sometimiento comprende también al legislativo”[17].

Por “Estado constitucional”, como señala Atienza[18], “no se entiende simplemente el Estado en el que está vigente una constitución (o incluso una constitución en sentido formal, sin un texto constitucional) con ciertas características: la constitución del “Estado constitucional” no supone sólo la distribución formal del poder entre los distintos órganos estatales…, sino la existencia de ciertos contenidos (los derechos fundamentales) que limitan o condicionan la producción, interpretación y aplicación del derecho”. Es decir,“el Estado constitucional se contrapone así al Estado “legislativo”, puesto que ahora el poder legislativo (y el de cualquier órgano estatal) es un poder limitado”.

Para Ferrajoli[19] “el constitucionalismo (rígido) produce el efecto de completar tanto el Estado de derecho como el mismo positivismo jurídico, que alcanzan con el su fórmula última y más desarrollada”.

3. NOCIÓN DE [NEO]CONSTITUCIONALISMO.

“El constitucionalismo europeo de postguerra –en palabras de Prieto[20]-ha adquirido una singularidad tan acusada que, al decir de algunos, no sólo encarna una nueva y peculiar forma política inédita en el Continente, sino que incluso ha dado lugar al surgimiento de una nueva cultura jurídica, el neoconstitucionalismo”. Y es que el [neo]constitucionalismo no sólo implica un modelo de Estado o una forma particular de ver el derecho (una teoría del derecho), sino también una ideología.

A diferencia del positivismo jurídico, el [neo]constitucionalismo se ha convertido en una perspectiva distinta del fenómeno jurídico; pues, si el positivismo, carente de una Constitución rígida, confiaba la existencia y la validez de la ley a la observancia del procedimiento establecido para su producción, el constitucionalismo condicionala validez de la ley a la concordancia que esta debe guardar con los valores y principios establecidos en la Constitución[21].

A ello se debe que para algunos –como señala Ferrajoli, “el constitucionalismo de nuestros días marcaría una revancha del jusnaturalismo sobre el positivismo jurídico”[22].

Sin embargo, “la crítica al positivismo jurídico no supone, por lo demás, la rehabilitación de alguna otra de las diversas concepciones que han tenido algún grado de vigencia en el siglo XX”[23]. Y es que como refiere Atienza no “parece que las insuficiencias del positivismo puedan superarse recurriendo a alguna versión de la teoría iusnaturalista”[24].

Para Guastini[25] la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe de ser entendida como
“un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas constitucionales”. Es debido a ello que un ordenamiento constitucionalizado se caracteriza por poseer una “Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”[26].

Autorizada doctrina[27] ha señalado que las principales condiciones para la constitucionalización son:

- Una Constitución rígida;
- La garantía jurisdiccional de la Constitución;
- La fuerza vinculante de la Constitución;
- La sobreinterpretación de la Constitución;
- La aplicación directa de la normas constitucionales;
- La interpretación conforme de la leyes y;
- La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas.

4. EL [NEO]CONSTITUCIONALISMO COMO IDEOLOGÍA.

Como ideología el[neo]constitucionalismo, al decir de Comanducci[28], “no se limita…a describir los logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su defensa y ampliación. En particular subraya la importancia de los mecanismo institucionales de tutela de los derechos fundamentales –podríamos en este sentido hablar de “neoconstitucionalismo de los contrapoderes”- pero más todavía destaca la exigencia de que las actividades del legislativo y del judicial estén directamente encaminadas a la concretización, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales previstos en la Constitución –podríamos en este sentido hablar de “neoconstitucionalismo de las reglas”-”[29].

Para Prieto el [neo]constitucionalismo como ideología, presenta diferentes niveles o proyecciones. Por el primero el constitucionalismo puede ser identificado con “aquella filosofía política que considera que el Estado Constitucional de derecho representa la mejor o más justa forma de organización política. Una segunda dimensión del constitucionalismo como ideología es aquella que pretende ofrecer consecuencias metodológicas o conceptuales y que puede resumirse
así: dado que el constitucionalismo es el modelo óptimo de Estado de Derecho, al menos allí donde existe cabe sostener una vinculación necesaria entre el Derecho y la moral y postula por tanto alguna forma de obligación de obediencia al derecho. Por último, la tercera versión del constitucionalismo ideológico, que suele ir unida a la anterior y que tal vez podría denominarse constitucionalismo dogmático, representa una nueva visión de la actitud interpretativa y de las tareas de la ciencia y de la teoría del derecho…”[30].

De allí que, en el marco del [neo]constitucionalismo se erige la figura de un nuevo juez garante de los valores y principios constitucionales, intérprete de los mismos; igualmente, el constitucionalismo ideológico asume el hecho de que en muchos casos la Constitución exige una lectura moral de su normas, es por ello que pone en el juez la tarea de efectuar dicha lectura. Empero, debemos tener en cuenta que si bien en muchos casos “la Constitución remite a la argumentación moral y, en ese sentido, el texto constitucional exige una lectura moral y otra cosa, muy distinta, es suponer que todas las obligaciones constitucionales son también obligaciones morales o que la constitución no puede vulnerar la moralidad”[31].

Y es que, la distinción entre derecho y moral – como apunta Atienza- “puede trazarse con sentido en el contexto de cierto tipo de discurso jurídico, pero no en otros; en particular, el discurso jurídico justificativo contiene o presupone siempre un fragmento moral”[32]. Pues, “las normas jurídicas no son razones autónomas para justificar decisiones, sino que toda justificación es una justificación moral”[33].

Por otro lado, el neoconstitucionalismo ideológico sugiere “una interpretación de la constitución y la consiguiente argumentación, dirigida a extraer del texto constitucional normas y principios idóneos para regular directamente las controversias”[34]. Es decir, se propicia la concretización del respeto a los derechos fundamentales, asegurando su plena efectividad a través de la materialización de sus garantías.

En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que: “La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución). En consecuencia, pretender que la Constitución no puede ser interpretada, no sólo negaría su condición de norma jurídica –en directa contravención de sus artículos 38º, 45º y 51º–, sino que desconocería las competencias inherentes del juez constitucional como operador del Derecho, y sería tan absurdo como pretender que el juez ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes de aplicarla”[35].

5. LA CONSTITUCIÓN DEL [NEO]CONSTITUCIONALISMO.

La constitución, dice Gascón y García[36], “ya no es un trozo de papel o un mero documento político, un conjunto de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino una auténtica norma jurídica con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento; y además, por cuanto procedente de un poder con legitimidad “cualificada” (el poder constituyente) es la norma “más alta”, por lo que también la ley queda sometida a la Constitución, que se convierte en su parámetro de validez”.

Conviene subrayar que en realidad “lo que se ha producido es una distorsión de aquel modelo jerárquico tan firmemente diseñado por Kelsen: la Constitución ya no es sólo la norma suprema dirigida a condicionar de forma directa la labor legislativa y aplicable por los jueces únicamente a través del tamiz de la ley, sino que es la norma suprema que pretende proyectarse sobre el conjunto de los operadores jurídicos a fin de configurar en su conjunto el orden social“[37].

La Constitución del “Estado Constitucional” es una Constitución que proyecta sus efectos sobre
todo el ordenamiento jurídico, condiciona la aplicación de la ley a su compatibilidad con los valores y principios constitucionales; asimismo, es una Constitución materializada, pues es susceptible de concretización a través de la interpretación. Es la ley de leyes, -la más importante de ellas- cuya efectividad esta jurisdiccionalmente garantizada. Es decir, es una Constitución entrometida, que abarca todo el quehacer jurídico.

La Constitución del Estado constitucional “responde a las pretensiones normativas del constitucionalismo político: la limitación del poder político y la garantía de los derechos; esdecir,
asume los valores y fines del constitucionalismo como ideología”[38].

De allí que la Constitución impone al legislador dos tipos de límites: los limites formales y los limites materiales: “Límites Formales: mediante normas que disciplinan el procedimiento de formación de la ley, de manera que el órgano legislativo no puede legislar si no es en conformidad con el procedimiento establecido por la Constitución. Limites materiales: mediante normas que vinculan el contenido de las leyes futuras de manera que se prohíbe al legislador la aprobación de leyes que tengan un determinado contenido”[39].

Es por ello, por ejemplo, que el legislador ya no puede ver en los derechos fundamentales un límite negativo o un deber de respeto en el desarrollo de su función, sino que los debe estimar como una exigencia de desarrollo y concreción. Ya que, “el orden jurídico legítimo ya no será aquél que simplemente respeta los derechos, sino aquél que desarrolla en positivo todas las exigencias normativas derivadas de los derechos”[40].

En otras palabras, “la ley, un tiempo medida de todas las cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de mediación”[41].

Como escribe Luís Prieto “las actuales Constituciones principialistas asumen de forma resuelta la
función de modelar el conjunto de la vida social, y por eso las relaciones entre legislación y jurisdicción ya no pueden presentarse de manera estrictamente jerárquica, sino de un modo más complejo que tampoco puede calificarse de simétrico: las decisiones del legislador siguen vinculando al juez, pero sólo a través de una interpretación constitucional de principios que efectúa este último”[42]. Es decir, “la jurisprudencia ya no bebe en las fuentes constitucionales a través de la ley, sino que lo hace directamente, sobre todo en aquellas fuentes que incorporan los principios sustantivos y derechos fundamentales”[43].

6. CONCLUSIONES

-En el Estado de derecho legislativo la ley se convierte en la garantía de los derechos, produciéndose con ello una inversión en la relación sociedad–Estado; es decir, el Estado de derecho giraba alrededor de las exigencias de la población y no de la autoridad del Estado.

-En el Estado de derecho la ley se convierte en la fuente por excelencia del derecho, cuya fuerza estaba vinculada al legislador, quien únicamente estaba sometido al procedimiento establecido en la ley a la hora de legislar.

-El Estado constitucional no es el Estado en el que está vigente una constitución; esto es, la constitución del Estado constitucional no supone sólo la distribución formal del poder entre los distintos órganos estatales, sino la existencia de contenidos sustanciales –como los derechos fundamentales- que condicionan la producción, interpretación y aplicación del derecho.

-El Estado constitucional se contrapone así al Estado legislativo, debido a que el Poder Legislativo, al igual que cualquier órgano estatal es un poder constitucionalmente limitado.

-A diferencia del positivismo jurídico, el [neo]constitucionalismo se ha convertido en una perspectiva distinta del fenómeno jurídico; pues, si el positivismo, carente de una constitución rígida, confiaba la existencia y la validez de la ley a la observancia del procedimiento establecido para su producción, el constitucionalismo condiciona la validez de la ley a la concordancia que esta debe guardar con los valores y principios establecidos en la constitución.

-La constitucionalización del ordenamiento jurídico implica un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales.

-En el marco del [neo]constitucionalismo se erige la figura de un nuevo juez garante de los valores y principios constitucionales, intérprete de los mismos.

-Con él [neo]constitucionalismo se propicia la concretización del respeto a los derechos fundamentales, asegurando su plena efectividad a través de la materialización de sus garantías.

-La Constitución del Estado Constitucional es una Constitución que proyecta sus efectos sobre todo el ordenamiento jurídico, condiciona la aplicación de la ley a su compatibilidad con los valores y principios constitucionales; asimismo, es una Constitución materializada, pues es susceptible de concretización a través de la interpretación.

-Las decisiones del legislador siguen vinculando al juez, pero sólo a través de una interpretación constitucional de principios que efectúa este último.

NOTAS:
[1]“Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en Miguel Carbonell (edición de), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, p।21.
[2]“El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia”, traducción de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1995, p.21.
[3]Ídem.
[4] ZAGREBELSKY Gustavo, “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, Ob. Cit., p.22.
[5] ZAGREBELSKY Gustavo, “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, Ob. Cit., p.23.
[6] En este sentido: ZAGREBELSKY Gustavo,“El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, Ob. Cit.,
p.23.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, en DOXA, Nº 26, Alicante, 2003, p.291.
[10] GASCÓN ABELLÁN Marina y GARCÍA FIGUEROA Alfonso, “La argumentación en el derecho”, 2ª edición, Palestra Editores, Lima, 2005, p.19.
[11] En este sentido: ZAGREBELSKY Gustavo,“El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, Ob. Cit., p.33.
[12] FERRAJOLI Luigi, “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, Ob. Cit., p. 18.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] En este sentido FERRAJOLI Luigi,“Pasado y futuro del Estado de Derecho”, Ob. Cit., p. 19.
[16] AGUILÓ Josep, “La Constitución del Estado Constitucional”, 1ª edición, Palestra Editores - TEMIS, Bogotá, 2004, p.6.
[17] PRIETO SANCHÍS Luís, “Derechos fundamentales neoconstitucionalismo y ponderación
judicial”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima, 2002, p. 118.
[18] “Argumentación jurídica y Estado constitucional”, en Anales de Jurisprudencia, Nº 261, 2003:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/261/pr/pr9.pdf(Consulta: 11-01।09); pp. 1-2 (del documento PDF).
[19] FERRAJOLI Luigi, “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, Ob. Cit., p. 19.
[20] “El Constitucionalismo de los derechos”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 24. Núm. 71. Mayo-Agosto, 2004, p. 47.
[21] Véase FERRAJOLI Luigi, “Juspositivismo crítico y democracia constitucional”, traducción de Lorenzo Córdova y Pedro Salazar, en ISONOMIA, Nº 16, Abril, 2002, p।7.
[22] “Juspositivismo crítico y emocracia constitucional”, Ob. Cit., p.7.
[23] ATIENZA Manuel, Argumentación jurídica y Estado constitucional”, Ob. Cit., p.3 (del documento PDF).
[24] Ídem.
[25] “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, traducción de José María Lujambio en Estudios de Teoría Constitucional, 1ª edición,Distribuciones Fontamara S। A., México, 2001, p.153.
[26] Ídem.
[27] Véase: GUASTINI Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, Ob. Cit., pp. 154-164.
[28] “Constitucionalización y teoría delderecho”, Conferencia pronunciada en el acto de recepción como académico correspondiente en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba २३ de agosto del 2005, publicado en http://www.acader.unc.edu.ar/; p।6 (del documento PDF).
[29] Ídem.
[30] “Derechos fundamentales neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, Ob. Cit., pp. 110-111.
[31] MONRESO José Juan, “Comanducci sobre neoconstitucionalismo”, en ISONOMIA, N° 19 – Octubre, 2003, p.273.
[32] Argumentación jurídica y Estado constitucional”, Ob. Cit., p.3 (del documento PDF).
[33] Ídem.
[34] POZZOLO Susana, “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional”, traducción de Josep M. Vilajosana, en DOXA N° 21-II, Alicante, 1998, p.340.
[35] STC Nº 047-2004-AI/TC.
[36] La argumentación en el derecho”, Ob. Cit., p.25.
[37] PRIETO SANCHÍZ Luís, “Tribunal Constitucional y Positivismo Jurídico”, en DOXA Nº 23, Alicante, 2000, p. 173.
[38] ÁGUILO Josep, “La Constitución del Estado Constitucional”, Ob. Cit., p.51.
[39] GUASTINI Riccardo, “La constitución como límite a la actividad legislativa”, traducción de Andrea Greppi en Derechos y Libertades –Revista del Instituto Bartolomé de la Casas, V-8, 2000, p.241.
[40] ÁGUILO Josep, “La Constitución del Estado Constitucional”, Ob. Cit., p.58.
[41] ZAGREBELSKY Gustavo, “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, Ob. Cit., p.40.
[42] “Tribunal Constitucional y Positivismo Jurídico”, Ob. Cit., p. 174.
[43] Ídem.