sábado, 5 de febrero de 2011

“LA FINALIDAD DE LA SANCIÓN PENAL”

I. Introducción

El sentido esencial del derecho consiste en establecer los límites recíprocos y los enlaces necesarios entre las conductas de varios sujetos, todo ello con el propósito de conseguir la ordenación de un modo objetivo y externo de la vida en sociedad. De allí que, el cumplimiento del derecho no puede estar condicionada al azar de cuál sea la voluntad de los sujetos cuya conducta se quiere sujetar a una valoración normativa. La característica formal del Derecho consiste en que puede ser impuesto de modo inexorable a todos los sujetos, a cualquier precio, con, sin o en contra de la voluntad de estos, venciendo en tal caso su resistencia por medio de la fuerza. La pena es una manifestación de la impositividad inexorable del derecho. La pena presupone el hecho de que la observancia espontanea del derecho ha fracasado, situación ante la cual la pena reemplaza a la forma normal y primaria de la coercitividad jurídica, siendo así como se produce una manifestación subsidiaria de está.

El derecho penal es el creador del poder penal del Estado, un poder que aún sometido a ciertos límites, modernamente representa la más poderosa autorización coactiva contra los individuos que posee la organización política. Si toda norma –escribe Maier- implica una limitación de la libertad natural del hombre, las penales precisamente por su consecuencia, la pena representa el máximo de esa limitación.

La creación y regulación del poder penal del Estado ha transformado al derecho penal, en sentido amplio, en una cuestión de Estado, al punto de reconocerse en sus elementos integrantes, con cierta facilidad la clase de Estado, de organización política o del sistema jurídico en el que se desarrolla; es decir, en palabras de Jakobs, el derecho penal constituye una tarjeta de presentación de la sociedad altamente expresiva.

Nuestra sociedad despierta cada día con la noticia de un nuevo crimen, frente a tales sucesos solemos preguntarnos ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a combatir la ola de violencia hoy existente? De seguro que sin pensarlo responderemos: hay que endurecer las penas. Más a pesar de lo drásticas que sean las sanciones penales, tiempo después los índices de violencia habrán incrementado y quizá volvamos a creer en un aumento de las penas.

Y es que a pesar de que el derecho penal representa la mayor injerencia que puede efectuar el estado en la libertad individual, lo hemos convertido en parte de nuestro discurso ya sea para ganar simpatía política o simplemente para mostrar nuestro rechazo frente a las conductas delictivas. Sin embargo, las sanciones penales tienen una razón de ser, esto es, han sido creadas para cumplir ciertos fines, los mismos que muchas veces son dejados de lado a la hora de tipificar y sancionar las conductas delictivas. Por estas razones considero que efectuar un trabajo sobre la finalidad de la sanción penal está plenamente justificado, pues, si la sanción penal ha de ser útil a la sociedad, ello únicamente podrá lograrse si esta está orientada a la consecución de determinadas finalidades: prevenir las conductas delictivas y re-socializar al delincuente.

II. La finalidad de la sanción penal

Nuestro Código Penal señala que la pena tiene función preventiva, protectora y re socializadora [artículo IX del Título Preliminar]. De la norma acotada se desprende que para el sistema jurídico penal peruano la pena cumple básicamente las siguientes funciones: prevención general y prevención especial.

Como sabemos, la prevención general circunscribe su análisis, antes que en el penado, en la sociedad, de manera que a través de la pena se influencia en la sociedad a través de la amenaza penal y su posterior ejecución. Ahora, la prevención general puede ser negativa o positiva. Por la primera a través de la pena se buscaría un efecto intimidatorio que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos que poseen cierta tendencia a delinquir; mientras que por la otra la pena tendría el efecto de aprendizaje motivado socio-pedagógicamente por la confianza en el derecho que se produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal.

Ahora, por la prevención especial, la finalidad de la pena está referida a la persona del penado, de quien se busca obtener su socialización.
En los últimos años, el pensamiento del profesor alemán Günther Jakobs ha cobrado una notable influencia en la doctrina penal, sus postulados se distancias de las corrientes que han venido durante siglos justificando la misión del derecho penal.
Jakobs es partidario de la teoría de la prevención general positiva de la pena, toma de posición que lo lleva a entender que “el hecho, en cuanto expresión de sentido del autor, constituye un ataque a la vigencia de la norma, y la pena, que igualmente es una expresión de sentido, es la confirmación de la vigencia de la norma. En este sentido, por ejemplo, el autor de un homicidio expresa a través de su hecho que no hay que respetar la norma contra el homicidio; con la pena, sin embargo, se declara que esa expresión carece de relevancia, que la norma sigue vigente” .

Es decir, “lo decisivo no es la secuencia externa de hecho y pena, sino la relación que existe entre ambas en el plano de la comunicación, relación similar a la que existe entre afirmación y contestación” .

Para Jakobs “los seres humanos se encuentran en el mundo social en condición de portadores de un rol, esto es, como personas que han de administrar un determinado segmento del acontecer social conforme a un determinado standard” . Así, la defraudación de las expectativas jurídicamente garantizadas, se producirán en virtud al quebrantamiento de un rol. Por ende, la persona imputable es aquella portadora de un rol, esto es, titular de un ámbito de organización con derechos y deberes.

En este sentido, la finalidad del derecho penal, y por ende de la sanción penal, no sería la tutela de los bienes jurídicos sino el restablecimiento de la vigencia de la norma infringida con el delito. Asimismo, la pena no estaría encaminada a la resocialización del delincuente, tampoco estaría orientado al aprendizaje motivado socio-pedagógicamente por la confianza en el derecho; ya que la pena si cumple finalidad alguna, esta no puede ser otra que la de producir un efecto intimidatorio respecto a aquellos sujetos que tienen cierta tendencia a delinquir.

III. Posición personal acerca de la finalidad de la sanción penal

“Lo más razonable que puede pretender alcanzar con un delincuente una sociedad orientada output a las consecuencias, como señala Winfried Hassemer, es ofrecerle ayuda para su (re)inserción en la sociedad y en las normas” . Y es que “el éxito en la socialización es la mejor seguridad para la sociedad frente al que ha delinquido” . Es más, “a través del régimen penitenciario resocializador, costoso tanto personal como económicamente, la sociedad salda una parte de la culpa que tiene por la deficiente socialización de estas personas” .

Siendo así, la sanción penal ha de cumplir una finalidad de prevención especial, esto es, la misión de la pena ha de servir para hacer desistir al autor de futuros delitos . Más no puede agotarse la finalidad de la sanción penal en ello, pues además la pena ha de servir para afirmar el derecho como tenedor de una convicción jurídica fundamental y valiosa, en otra palabras, la pena cumplirá una finalidad preventivo general positivo.

Nuestro Código Penal en teoría está orientado por estas finalidades, sin embargo, las reformas de las que ha sido objeto han terminado por convertir en letra muerta las normas que la regulan. Asimismo, la escases de recursos no ha permitido que se pueda elaborar una política carcelaria encaminada a la consecución de la socialización del delincuente.

El derecho penal es la ultima ratio que tiene una sociedad para reaccionar contra aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico, al ser ultima ratio la sanción penal ha de ser usada únicamente después que los otros mecanismos de control social han fracasado. Es decir, las normas penales han de ser subsidiarias a las demás. En este sentido, el derecho penal responde a la política criminal diseñada en la Constitución de un determinado Estado, política que tiene en la familia, la escuela y las demás ramas del derecho otros mecanismos para controlar la existencia de comportamientos socialmente desestabilizadores.

Siendo así, el legislador no ha de ver en las normas penales la solución a los conflictos sociales, así como tampoco puede creer que a través del derecho penal se vayan a terminar con los grandes males nacionales.

Mirar al derecho penal como la única opción ha sido precisamente una de las razones del porque la sanción penal ha dejado de cumplir con las finalidades contempladas en el Código Penal. Pues la política criminal de nuestro estado es rediseñada constantemente por la opinión pública y los medios de comunicación. Así por ejemplo, a pesar de que se dice que nuestra legislación penal busca la resocialización del delincuente, se contemplan como pena privativa de la libertad a la cadena perpetua, e inclusive se aspiraba a la implantación de la pena de muerte para algunos delitos.

Tal vez el más grande error de la población y de los legisladores es creer que endureciendo las penas se va a reducir el índice de criminalidad, más ello como a diario comprobamos a dejado de ser tan cierto, es más, yo me atrevería a pensar que nunca funcionara.

El problema fundamental del sistema penal, es calidad de jueces penales que tenemos en el país, magistrados que han convertido a las finalidades de la sanción penal en un tema para los especialistas, pero que poco o nada aporta a la práctica judicial. En este sentido, no se necesita de la dación de nuevas normas, o de incrementar las penas al máximo, tampoco se trata de criminalizar cuanta conducta se nos ocurra; lo que necesitamos es que los jueces apliquen drásticamente las normas que tenemos.

Y me atrevería a decir que ya es hora de que se tome en serio al análisis económico del derecho a la hora de aplicar la sanción penal, ya que tal cual están las cosas hoy en día el derecho penal no esta desincentivando la comisión de actos delictivos.

El derecho penal tiene su razón de ser en la tutela subsidiaria de los bienes jurídicos, tutela que efectiviza a través del restablecimiento de la norma infringida, lo cual se conseguirá por medio de la imposición de una pena.

IV. A manera de conclusión

Nuestro tiempo, es el tiempo de los derechos. La atribución de derechos fundamentales no distingue a los sujetos que las ostentan, por ello hasta el peor de los criminales goza de ellos; y es que hemos aceptado estos principios sin atender a nuestros intereses, tal vez como dice Rawls cubiertos por un velo de ignorancia. En este sentido, las finalidades de la sanción penal no pueden ser otras que las de la prevención general positivo y principalmente las de la prevención especial. En otras palabras, sólo la finalidad de socialización que persiguen las sanciones penales puede justificar la imposición de una pena. Lo contrario implicaría que despojándonos del velo de la ignorancia legislemos y sancionemos los comportamientos en atención a nuestros intereses, esto es, demos paso a la inocuización, por ende expulsemos de la sociedad a todos aquellos sujetos que ponen en peligro la vida en sociedad.

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